La AA.VV. Santa Eulalia denuncia a la alcaldesa en los tribunales por "prevaricación y desobediencia a la justicia"
CAMARGO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha destimado el recurso interpuesto por Asfín Cantabria SL. contra la sentencia que ordena la demolición de la planta asfáltica situada en el Barrio de la Verde, y condena a la empresa al pago de las costas procesales "por la evidente temeridad y mala fe en la interposición del recurso".
La AA.VV. Santa Eulalia, que ha difundido hoy la sentencia, denuncia en un comunicado que este es "uno más de un rosario de recursos que están siendo utilizados para retrasar y demorar" la ejecución de una sentencia que es firme desde el año 2003. En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento fue condenado en su día a derribar dicha instalación, en una sentencia posteriormente ratificada por el TSJC y confirmada por el Tribunal Supremo de Madrid.
La AA.VV. Santa Eulalia subraya que el Ayuntamiento de Camargo "tiene que acatar las resoluciones que le condenan y cumplirlas y si no lo hace los máximos responsables del mismo tendrán que dar cuentas a la propia Justicia".
DENUNCIA CONTRA LA ALCALDESA
En ese sentido, la asociación ha efectuado una denuncia, actualmente en trámite en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, contra la alcaldesa de Camargo, María Jesús Calva, y contra el teniente de alcalde Isidoro Noriega, por un delito de prevaricación y de desobediencia a la justicia, solicitando su inhabilitación para empleo o cargo público.
La AA.VV. Santa Eulalia afirma que el Ayuntamiento de Camargo, obligado a cumplir la sentencia y precintar la planta, "debería colaborar con la Justicia y no oponerse a sus resoluciones, demorando el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los postulados de la propia empresa ahora condenada".
Para los vecinos de Santa Eulalia, "lo más grave" es que el que tiene que cumplir la sentencia, el Ayuntamiento de Camargo, "está consintiendo todos esos retrasos y demoras" e, incluso, "está haciendo encargos de asfalto a dicha empresa, "cosa que consideramos muy grave", añaden.
Se preguntan por ello "¿qué interés tiene el Ayuntamiento en establecer tratos comerciales con estas empresas que contaminan y no cumplen las leyes? y ¿por qué están incumpliendo la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas con el dinero de los contribuyentes?".
