SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, 26 de octubre, con el apoyo del PP y Vox, y el rechazo del PRC y el PSOE, el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma, que reconoce la figura de autoridad pública del docente y regula, por primera vez, el acoso escolar.
La norma, elaborada por el Ejecutivo autonómico (PP), ha salido adelante tras la incorporación de un total de 19 enmiendas parciales presentadas por PP (4) y Vox (10), cinco de ellas de forma conjunta; y el rechazo de las registradas por el PRC (34), el PSOE (8) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio; y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que se prevé "en los próximos días".
En concreto, la Ley se estructura en tres títulos y 20 artículos. El título I regula la autoridad del profesorado, reconoce sus derechos en el ejercicio de su función docente y establece medidas de apoyo.
Por su parte, el título II regula la convivencia en los centros educativos, identificando conductas contrarias a las normas de convivencia, como el acoso escolar, y estableciendo medidas correctoras, así como responsabilidad y reparación de daños, entre otros aspectos.
El consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado que hoy es un de un día "importante" para la educación de Cantabria, dado que, tras más de dos años de trabajo del Gobierno cántabro, se ha logrado sacar adelante la primera Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia en la comunidad autónoma, que es "conveniente", "necesaria" y "va a mejorar" la educación en la región, ha asegurado.
Silva ha subrayado que se trata de la primera ley en el ámbito educativo del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y, además, "es la primera ley en el ámbito educativo de un gobierno del PP en los últimos 27 años".
El titular de Educación ha sostenido que es "necesario" e "imprescindible" reforzar la autoridad del profesorado de cara a garantizar mejorar la convivencia en los centros, teniendo en cuenta que la realidad educativa y social es cada vez "más compleja" y que "hoy al docente se le pide más y tiene la sensación de que se le valora menos".
Y es que, según ha indicado, el alumnado es cada vez "más heterogéneo" --con unos 8.000 alumnos migrantes en la región-- y, además, existen retos como la salud mental, las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), lo que conlleva a que los docentes estén "cada vez más desgastados" y sientan "cierta desmotivación".
Silva ha precisado que esta norma "no persigue el autoritarismo", sino mejorar la convivencia escolar, mediante un triple ámbito de actuación: preventivo, disciplinar y resolutivo; y aborda explícitamente situaciones graves como el acoso escolar.
Asimismo, ha señalado que esta Ley, que ya está aprobada en otras comunidades autónomas, "cuenta con el apoyo de la comunidad educativa de Cantabria".
Según ha apuntado, esta norma "no lo va a resolver todo", si bien ha afirmado que "va a ayudar a resolver las cosas", como "esa sensación de desgaste del colectivo docente".
En la misma línea, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha defendido la Ley, al sostener que "reconocer la autoridad de profesorado es la mejor manera de garantizar la convivencia".
Mientras que desde Vox el diputado Armando Blanco también cree que esta norma "es buena para el día a día de los centros", ya que recoge la realidad de las aulas y comparte las reivindicaciones de los docentes.
Blanco ha puesto en valor que las 15 enmiendas incorporadas, fruto del "diálogo" mantenido durante estos meses, incluso "años" con representantes del sector, ayudarán a garantizar una "correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Autoridad Docente y a recuperar "la autoridad natural del proceso".
Con ellas, ha explicado, se refuerzan los derechos del profesor, la toma de decisiones ágiles, proporcionadas y eficaces; así como ejercer sus funciones con autonomía pedagógica y con capacidad de actuación necesaria para prevenir, detectar y corregir las conductas que alteren la convivencia.
También se simplifican procedimientos dentro de las medidas educativas, se mejora la redacción de las correctoras para evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la norma y se añade un nuevo apartado en las medidas correctoras, ampliándolas a los actuales y futuros entornos cibernéticos de inteligencia artificial.
Asimismo, el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, que no estaba presente en el momento de la votación, ha valorado que es "una buena ley", y ha defendido la autoridad del docente y la presunción de validez de sus actuaciones.
"UNA OPORTUNIDAD PERDIDA"
Por su parte, la diputada regionalista María Teresa Noceda ha trasladado que su grupo "no rechaza la autoridad del profesorado", sino que critica "que una norma destinada a mejorar la convivencia escolar se conforme con reconocer esa autoridad" sin establecer "con suficiente precisión" cómo prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia escolar, cómo acompañar a quienes los padecen y qué responsabilidades concretas asumirá la Administración.
"La convivencia no depende exclusivamente de la autoridad individual del profesor, depende también del clima del centro, de la prevención, de la orientación, de la colaboración familiar y de una Administración que no se desentienda cuando surgen dificultades", ha sostenido.
En opinión de Noceda, "el profesorado sí necesita autoridad, pero también respaldo"; y "el alumnado necesita normas y garantías, pero también protección y prevención".
"Señores del Partido Popular, señores de Vox, han conseguido aprobar su ley, pero la comunidad educativa de Cantabria ha perdido la oportunidad de tener la ley de convivencia escolar que se merece", ha sentenciado.
Mientras que el diputado socialista Jorge Gutiérrez ha pedido la devolución del proyecto porque considera que "no responde adecuadamente a las necesidades actuales del profesorado, ni resuelve de manera suficiente los problemas que dice combatir".
A su juicio, "Cantabria necesita una ley más ambiciosa, mejor construida y elaborada con una participación mucho mayor de quienes conocen las aulas".
Y es que, ha valorado, esta norma "promete reforzar la autoridad del profesorado, pero que no desarrolla suficientemente los instrumentos necesarios para hacerla efectiva". "No podemos pedir más responsabilidad a los profesores mientras seguimos sin garantizarles todos los medios que necesitan para ejercerla", ha manifestado.
Para el PSOE, "Cantabria necesita una buena ley de autoridad docente y convivencia escolar, una ley que no se limite a reconocer derechos, sino que establezca garantías efectivas, que no se centre únicamente en responder a los conflictos, sino que trabaje para prevenirlos".
