Cantabria movilizará al menos 40 millones en un paquete de medidas contra el impacto de la guerra en Irán

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) trabaja en un primer paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán que se aprobará "muy pronto" y movilizará al menos 40 millones de euros, en el marco del presupuesto para 2026, según ha anunciado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

Este plan se estructurará en diferentes ejes e incluirá iniciativas de protección social y de apoyo a los sectores más afectados. En concreto, el Ejecutivo cántabro facilitará liquidez y financiación a empresas y autónomos e implementará acciones para reducir el impacto derivado del aumento de los costes energéticos.

Asimismo, pondrá en marcha otras medidas para proteger el comercio minorista, reforzar la exportación y la promoción, y mejorar la vigilancia, la asistencia y la coordinación con los diferentes colectivos implicados.

Buruaga ha anunciado este plan en el Pleno del Parlamento de este lunes, al ser preguntada por el PSOE acerca de las medidas que va a tomar su Ejecutivo, al que ha pedido que "actúe" ante el impacto del conflicto en Oriente Medio, criticando que hasta ahora "no ha hecho nada" mientras que el Gobierno central "sí ha actuado con determinación".

Al respecto, la presidenta cántabra ha lamentado que las medidas acordadas a nivel nacional son "un yo invito y tú pagas", en el que la comunidad "ha empezado a responder ya con 21,6 millones de euros hasta el 30 de junio. Es decir, 7,2 millones de euros al mes".

Así, ha señalado que Cantabria destinará en total más de 61 millones de euros para hacer frente a esta coyuntura, al sumar esta cuantía a los 40 millones del paquete que se va a aprobar a nivel regional.

A juicio de la presidenta, el plan del Gobierno central "se ha quedado corto" y es "insuficiente", porque algunas medidas deberían tener carácter permanente para dar respuesta a "problemas estructurales" como el diferencial energético o la situación que padece la industria electro intensiva.

Además, ha lamentado que no contiene ninguna medida de actualización del IRPF para frenar la inflación que viene "erosionando" el poder adquisitivo de las familias.

Por este motivo, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España tres cuestiones: la suspensión de las reglas fiscales y la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, "porque es imposible atender las necesidades de 2026 con los ingresos de 2023"; la aprobación de un marco general europeo para compensar el aumento de los costes de los carburantes; y la habilitación de una cláusula extraordinaria que permita, excepcionalmente, la revisión de precios de los contratos públicos ante el encarecimiento de los materiales, tal y como demandan los sectores productivos.

Ante las críticas del PSOE, que ha lamentado que lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno regional es crear un Comité de Coordinación ante el impacto de la guerra "sin representación social, académica ni parlamentaria, y cero medidas", Buruaga ha defendido la "reacción inmediata" de Cantabria ante una "crisis global" que exige "soluciones a nivel de país".

Ha asegurado que la comunidad ha respondido cogiendo "el toro por los cuernos". En este sentido, ha recordado que la primera decisión fue crear el citado comité con sectores afectados para evaluar el impacto y abordar las propuestas que posteriormente trasladó al Gobierno de España, algunas de las cuales han sido atendidas, como la rebaja del IVA, del impuesto especial de la electricidad y del de hidrocarburos, mientras que otras han sido "desoídas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias, ha insistido en que en el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria de 2026 "no hay ni una sola medida nueva" en este sentido, por lo que ha avanzado que presentará una enmienda en la que pedirá deducciones fiscales para mitigar los efectos de la inflación en las familias.

REUNIÓN BILATERAL CON EL GOBIERNO

Al ser el primer Pleno ordinario de abril, Buruaga se ha enfrentado como cada mes a las preguntas de los grupos de la oposición. Mientras el PSOE se ha centrado en las medidas ante las consecuencias de la guerra, el PRC se ha interesado por las gestiones realizadas para promover una reunión bilateral con el Gobierno de España, ya que ve "preocupante" que en toda la legislatura apenas haya mantenido dos.

La regionalista Paula Fernández ha advertido a la presidenta que el entendimiento entre ambas administraciones es "vital" para desarrollar proyectos de comunidad, pero cree que "su gobierno pinta muy poco en Madrid". "¿Cómo van a defender los intereses de los cántabros si no tienen peso ante el Gobierno central?", ha cuestionado.

Sin embargo, Buruaga ha pedido a la diputada que "no blanquee a Pedro Sánchez" para culpar al Ejecutivo regional, y le ha replicado que el hecho de que el presidente y sus ministros "no escuchen a las comunidades autónomas no quiere decir que este Gobierno esté callado". Así, ha subrayado que la capacidad de reivindicación "no se mide en decibelios; se mide en resultados".

"Me preocupa y mucho que después de estos tres años de parálisis, de degradación moral, de corrupción, de caos institucional, sea usted la única española que sigue esperando algo de Pedro Sánchez", le ha dicho.

Finalmente, Vox ha preguntado a la presidenta por la "negligencia" de haber votado en contra de la auditoría externa, la supervisión algorítmica y el resto de medidas de control propuestas por este grupo ahora que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador contra 12 empresas constructoras y cuatro directivos en Cantabria investigados por posible manipulación de licitaciones de obras, algunas presuntamente de consejerías del Gobierno, que "sus controles internos fueron incapaces de detectar".

La portavoz, Leticia Díaz, ha denunciado que su formación propuso la supervisión algorítmica de las licitaciones, capaz de detectar colusiones, pero "prefirieron seguir con los métodos de siempre, los que permiten que las constructoras se puedan repartir el dinero de los cántabros".

Al respecto, la presidenta ha recalcado que el sistema de control interno de la Administración "funciona" y ha trasladado el compromiso "total y absoluto" de su Ejecutivo con la transparencia y el buen gobierno. Además, ha pedido a Vox que "abandone esos discursos radicales, insidiosos y discursos antisistema que solo persiguen el desprestigio de lo público".

"Lleva usted toda la legislatura erre que erre tratando de que alguien le compre el relato de que este Gobierno tolera la corrupción", y aunque le "puede funcionar electoralmente", lo que está haciendo es "desacreditar y poner bajo sospecha las instituciones de todos", ha lamentado Buruaga.

"Este Gobierno es el primer interesado en que se aclare hasta el último céntimo público, pero de lo que de ninguna manera vamos a hacer es convertir nuestras instituciones de autogobierno en tribunales de guardia, porque no lo son", ha sentenciado.