Estas medidas podrían ir encaminadas a prohibir la técnica cerca de núcleos urbanos o el uso de ciertos productos por cuestiones de salud
SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria no va a recurrir en Europa la sentencia del Constitucional que ha anulado la ley regional que prohibía esta práctica pero estudia implantar medidas adicionales "muy rigurosas y exigentes" que hagan que el fracking en Cantabria sea "prácticamente una quimera" y algo "imposible".
Así lo han anunciado este jueves a los medios de comunicación el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, en actos a los que han acudido.
Cuestionado en un acto en Valdecilla por un posible recurso ante instancias europeas de la sentencia del Constitucional sobre la ley cántabra del fracking, Diego ha asegurado que el Gobierno "ni siquiera" se ha planteado recurrir porque "no siente la necesidad".
"No creemos que sea una necesidad. Vamos a aplicar las normas y leyes que tenemos", ha afirmado Diego, que espera que esa aplicación se haga "en colaboración con todas" las instituciones cántabras.
A su juicio, esto es "más que suficiente" para "impedir" la práctica del fracking en Cantabria.
En otro acto anterior en la Biblioteca Central, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha asegurado que la normativa regional es ya "muy restrictiva".
Sin embargo, ha anunciado que se están estudiando aprobar por parte del Gobierno regional medidas adicional que, dentro de las competencias de la comunidad autónoma, impongan, por ejemplo restricciones que impidan que la técnica se aplique en las proximidades de núcleos urbanos y o normas de protección a acuíferos subterráneos o espacios protegidos, entre otras.
Otras de las medidas que se analiza aprobar, todas dentro de las competencias autonómicas, podrían limitar la utilización de ciertos productos con el objetivo de proteger la salud de las personas.
Fernández ha opinado que, tras la anulación, por insconstitucional, de la ley autonómica que prohibía el fracking en Cantabria, se abre esta posibilidad, en base a lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia y en lo expuesto por los tres magistrados que, en ella, emitieron voto particular.
El consejero ha explicado que el objetivo es que todas estas medidas que se estudia implantar "completen" la ya "muy restrictiva" normativa vigente en la comunidad autónoma para que hagan que Cantabria no sea "el mejor lugar para experimentar con el fracking".
"Creemos que tenemos mecanismos suficientes para paralizar el fracking en Cantabria", ha afirmado el consejero, quien, a preguntas de los periodistas tras un acto en la Biblioteca Central, ha explicado que el Ejecutivo regional estudiará la forma o el mejor lugar en la legislación para "encajar" estas medidas.
Según ha expuesto, podría ser, o bien en una ley específica o en otros, como en la de Control Ambiental Integrado o reformando la Ley del Suelo.
A su juicio, la cuestión "formal" es "un poco secundaria" y ha subrayado que lo que las empresas que quieran llevar a cabo esta técnica deberán saber en que en la comunidasd autónoma hay una normativa "muy exigente y rigurosa" y que "tienen enfrente" a un Gobierno, a una sociedad y a unas Administraciones locales.
Fernández, que no ha avanzado cuándo será la reunión entre el Gobierno regional y los 102 ayuntamientos para invitarles a unirse a la "batalla" contra esta técnica que avanzó el presidente regional hace una semana, ha opinado que si las Administraciones de la comunidad autónoma trabajan de "forma conjunta" se conseguirá que Cantabria sea "un territorio libre de fracking".
Cuestionado sobre los votos particulares en la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley cántabra por invadir competencias del Estado, Fernández ha señalado que la opinión de los magistrados que los tres magistrados que los emitieron "van en línea" con lo que Cantabria defendía: que además del título competencial en materia energética hay otros en juego, como los de salud humana, ordenación del territorio y protección medio ambiental.
