Cantabria prevé sanciones de hasta 10.000 euros para transporte marítimo sin autorización

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevén sanciones desde 2.001 y hasta 10.000 euros para embarcaciones que presten servicios de transporte marítimo sin presentar declaración responsable previa, es decir, sin autorización.

Lo recoge así el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, texto que ha sido presentado este jueves en el Parlamento regional por el director general de Transportes y Comunicaciones del Ejecutivo, Pablo Herrán.

Con motivo de su comparecencia en la Cámara, en la comisión Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el diputado socialista Pablo Zuloaga se ha referido a esas multas a raíz de los "recurrentes incidentes" que se vienen registrando en verano en la playa de El Puntal, en Somo (Ribamontán al Mar), con aglomeraciones multitudinarias de gente por botellones.

El parlamentario del PSOE ha aprovechado para preguntar al director general sobre las competencias del Gobierno autonómico para acreditar este tipo de delitos y la posible creación de un cuerpo específico para supervisar la legislación.

Herrán ha contestado que correría a cargo de la inspección de la Dirección General de Transportes, que tiene "amplia experiencia" en el transporte terrestre y que incorporaría a sus funciones inspeccionar el transporte marítimo, y también al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuyos agentes son "los más acreditados para, en determinados momentos, poder hacer inspecciones o control o comprobaciones en el mar".

Así, una vez aprobada la ley, si la Benemérita detecta o acredita algún tipo de infracción, tipificará el incumplimiento y se lo remitirá a Transportes, que iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.

"El problema que tenemos es que, en la actualidad, no tenemos un régimen sancionador aprobado. No podemos intervenir desde el Gobierno de Cantabria para aplicar un procedimiento sancionador que no está aprobado en materia de transporte", ha apuntado el director general sobre la situación actual, cuando sí se pueden sancionar otros incumplimientos, relacionados con navegación marítima o seguridad.

REGULAR UN SECTOR "EN AUGE" EN CANTABRIA

Por lo demás, Pablo Herrán ha explicado a los grupos parlamentarios que la futura ley de ordenación del transporte marítimo es una norma "muy técnica" que viene regular un sector "en auge" en Cantabria.

"Todos estamos al tanto del incremento de la afluencia turística en los últimos años, que conlleva la necesidad de ofrecer servicios de ocio y de movilidad a los viajeros que sean de calidad y con seguridad jurídica, tanto para los prestadores como para los usuarios".

En este sentido, ha apostado por "corregir" la situación actual y el "vacío normativo" existente en la comunidad autónoma, que se ha quedado "rezagada" respecto al resto, ya que todas las del entorno cuentan con una ley en la materia (Asturias y País Vasco desde 2018 y Galicia desde 2008).

REGISTRO PREVIO DE EMPRESAS

El proyecto de ley cántabro, aprobado en agosto de este año y que consta de un capítulo preliminar y cinco de desarrollo, servirá para regular la ordenación del transporte marítimo de personas y mercancías entre puertos o puntos de la región sin conexión con puertos.

Vendrá determinado por la creación de un registro en el que se deberán inscribir empresas del sector que realicen actividades de transporte marítimo con ánimo de lucro en el ámbito competencial de Cantabria.

Según Herrán, esto facilitará a las personas y entidades legitimadas el ejercicio de acciones para evitar prácticas de competencia desleal y para garantizar también la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, así como el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad marítima y las obligaciones de las empresas.

Con el proyecto de ley también se regulan las obligaciones de información de las empresas y la actividad administrativa de supervisión, así como los derechos y obligaciones de los usuarios y de los servicios, además de las infracciones y sanciones, de hasta 10.000 euros para quienes presten transporte marítimo sin autorización.