SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, ha considerado "urgente" que la Administración del Estado impulse una regulación para que los ayuntamientos y los contribuyentes cuenten con la seguridad jurídica necesaria en la gestión del impuesto de plusvalía.
Este tributo quedó desde el pasado mes de mayo cuestionado por la sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaró nulo en el caso de que no se haya producido incremento del valor en los terrenos de naturaleza urbana, recuerda el Ejecutivo en un comunicado.
De la Sierra, que ha inaugurado una jornada para abordar esta problemática, ha considerado necesario "coger el toro por los cuernos, cuanto antes", porque, además de ser "esencial" para la financiación de las administraciones locales, provoca que "a día de hoy cada ayuntamiento interprete de distinta forma los efectos de la invalidez de este tributo".
El consejero ha recordado la propuesta aprobada en el Congreso en el mes de septiembre, instando al Gobierno de España a acordar con los municipios la reforma de la plusvalía, y la petición de celeridad que hizo en julio la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en este mismo ámbito.
A este respecto, ha lamentado que en este tiempo "no se acabe de solucionar el problema". Por eso, ha resaltado la oportunidad de organizar esta jornada práctica para analizar la problemática desde el punto de vista judicial, administrativo y docente.
DEBATE
En la mesa de debate han participado el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada; el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad, Juan Enrique Varona, y el jefe de Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Santander, José Manuel Hurtado.
A este foro, propuesto por la Universidad de Cantabria y organizado por el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), ha suscitado mucho interés y ha reunido a gran número de técnicos y miembros de los ayuntamientos.
