Considera que Navarra y País Vasco deberían integrarse en los mecanismos de solidaridad
SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su postura sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, en la que reclama el mantenimiento de la cláusula del 'statu quo', es decir que se respete el actual estado de las cosas, de manera que Cantabria "en ningún momento" pierda financiación.
Cantabria reclama en segundo lugar, que se garanticen los recursos para "los servicios esenciales" como la educación, sanidad o políticas sociales en su "coste efectivo", ya que algunos de estos tienen un coste mayor que el de la media de España si se tienen en cuenta variables como el envejecimiento de la población o la orografía.
En tercer lugar, se propone una "modificación" del funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que haya una mejor participación de las comunidades autónomas y se tenga en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones.
Así consta en las alegaciones que el Gobierno ha remitido a la Secretaría de General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de las que ha dado cuenta el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, a través de un comunicado de prensa.
PRINCIPIO IRRENUNCIABLE
Para Cantabria es un principio irrenunciable la incorporación de la cláusula del statu quo, tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna comunidad autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.
Esta cláusula establece que las necesidades de financiación deberán tener como límite inferior la financiación real obtenida por cada comunidad autónoma en aplicación del modelo vigente.
Por otro lado, Cantabria defiende que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deben fijarse atendiendo a sus necesidades reales, y que éstas se encuentran indefectiblemente condicionadas por el coste unitario de la prestación de servicios, que no es el mismo para todas las comunidades autónomas.
En este sentido, sostiene que en la determinación de dicho coste unitario influyen muchas otras variables como son los costes de componente fijo que conlleva la prestación de los servicios, la orografía, la dispersión, la dependencia y el envejecimiento de la población.
El Gobierno de Cantabria defiende que esta circunstancia es particularmente constatable en la sanidad, donde la transferencia de las competencias en esta materia supuso asumir la gestión de un hospital de referencia nacional -Marqués de Valdecilla- cuyo mantenimiento "exige un esfuerzo económico imposible de relacionar con la población a la que, teóricamente, presta servicio".
Estos costes para el caso de la Sanidad elevan el coste unitario respecto a la media nacional un 20%, lo que significa que es necesario un 20% más de financiación por habitante en Cantabria respecto a la media nacional para proporcionar el mismo servicio. Desde el Gobierno se recalca que esto "no es un privilegio como algunos intentar sugerir" diciendo que Cantabria está "sobrefinanciada".
Por otro lado, Cantabria defiende la potenciación del principio de suficiencia financiera garantizando que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos suficientes para financiar el total de los servicios de su competencia tanto presente (suficiencia estática) como futura (suficiencia dinámica).
El Gobierno de Cantabria considera que otro reto esencial que deberá afrontar la próxima reforma del sistema de financiación es cubrir un gasto real de prestación de servicios en los que influye especialmente el envejecimiento de la población tanto en gastos de dependencia y servicios sociales como en los de carácter sanitario.
Cantabria aboga por revisar la actual distribución de estratos demográficos para repartir dicho gasto pues en esta comunidad autónoma el 20,3% de la población es mayor de 65 años, mientras que en España representa el 18,4%.
También considera que sería positivo avanzar en el principio de corresponsabilidad fiscal incrementando tanto los porcentajes de participación como la capacidad normativa en los tributos compartidos (IRPF, IVA y Especiales) con el objetivo de reducir la dependencia financiera que supone utilizar los fondos estatales.
Por último, Cantabria defiende la potenciación de los mecanismos de solidaridad interterritorial a fin de garantizar que la prestación de los servicios se produzca en condiciones similares de calidad para todos los españoles y sin que las diferencias de riqueza entre los territorios generen desigualdades entre españoles prohibidas por la Constitución.
De cara al diseño del nuevo modelo de financiación, el Gobierno de Cantabria considera que las comunidades acogidas al régimen foral (Navarra y País Vasco), sin perjuicio de las especificidades derivadas del concierto y del convenio, deberían integrarse en los mecanismos de solidaridad, sin olvidar del "evidente perjuicio" que genera el "efecto frontera".
