Casares dice que Santa Clotilde "se salta a la torera" la Ley de Contratos al derivar servicios del convenio a terceros

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha asegurado este miércoles que el Hospital Santa Clotilde "se salta a la torera" la Ley de Contratos del Sector Público, al derivar a terceras empresas servicios contemplados en el convenio singular suscrito con el Gobierno de Cantabria (PP) por 10 años y 256 millones de euros.

Casares, a preguntas de los periodistas, ha mostrado el apoyo del PSOE al procedimiento judicial que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria tiene en marcha contra este convenio singular porque "no hay ningún control" por parte del Ejecutivo regional a los convenios firmados con el centro hospitalario privado, ha afirmado el socialista.

Lo ha trasladado tras la reunión mantenida con la Plataforma en la sede socialista, donde han acordado mantener una "alianza estratégica" para defender la sanidad pública, al compartir una "hoja de ruta común" contra "el deterioro" de este servicio.

Asimismo, ha denunciado que el convenio firmado "no prohíbe expresamente" que pueda subcontratar servicios, como los cribados del cáncer de mama y de colon, la hospitalización diaria, la atención o la rehabilitación.

Y ha señalado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), durante su etapa como vicepresidenta (2011-2015), llevó a cabo la "privatización" de los servicios no hospitalarios de Valdecilla por 20 años y 900 millones de euros, y ahora "teniendo más poder como presidenta, ha dado un paso un paso que no se había atrevido a hacer nadie en esta tierra, que es la privatización parcial de servicios clínicos", ha argumentado.

Posteriormente, cuestionado por la prensa sobre que esta contratación pueda ser ilegal, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha respondido al delegado que, "si es ilegal, vaya al juzgado" y que "o lo demuestra o se calla la boca".

TRES GRANDES PREOCUPACIONES

En concreto, los socialistas y la Plataforma comparten "tres grandes preocupaciones": la "privatización" de servicios hospitalarios a Santa Clotilde; las "mentiras" del Ejecutivo sobre la gestión de los datos biomédicos de 51.000 cántabros del Cohorte por la empresa farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals; y el Parque de Innovación en Salud de Santander, "del que nada se sabe", ha detallado Casares.

Al hilo, ha asegurado que Buruaga "es la reina de la tormenta perfecta del colapso al que se dirige la sanidad pública", ya que, según él, "todas las decisiones que está tomando son para hacer negocio con lo que es de todos".

Sobre la cesión de los datos de Cohorte a Regeneron Pharmaceuticals, Casares ha defendido que este proyecto "iba a ser una referencia de la investigación biomédica" y que el contrato que quiere firmar la Consejería tiene "más luces que sombras" porque "se desconoce el propósito" y "es falso que Cantabria y España no estén preparadas" para el tratamiento y análisis del ADN de 51.000 pacientes.

En esta línea, ha asegurado que "estamos preparados", ya que el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), con el superordenador Altamira, o el Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona podrían atender hoy ese proyecto y, además, "ser un referente para fortalecer la investigación biomédica en este país y en nuestra comunidad autónoma".

"Solo con el dinero que se destina al año a Santa Clotilde podríamos ser punteros, no a nivel nacional, sino a nivel mundial", ha reivindicado.

En otro punto, ha manifestado la "preocupación" de los socialistas y la Plataforma por el proyecto del Parque de Innovación en Salud en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria -cuando se culmine el derribo de la misma-.

Para Casares, "todos estos recursos que acaban en la privada, se detraen de la sanidad pública de Cantabria".

En el encuentro con la Plataforma, también han participado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones; el secretario de Salud del partido, Marcos Agudo; el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y el responsable del Área de Sanidad en el Grupo Parlamentario, Raúl Pesquera.