Cartel de 'Se buscan Buruaga y Silva' que publicó STEC, el Gobierno eliminó y ahora ha sido condenado a restituir - STEC
SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una jueza de Santander ha condenado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por vulnerar el derecho a la libertad sindical de STEC, en la vertiente de libertad de expresión, y obliga al departamento que dirige Sergio Silva a reponer una imagen publicada por la formación en febrero de este año en su portal virtual, en la que aparecían el consejero y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, con el mensaje de "se buscan por el intento de secuestro de 9.000 docentes".
El cartel añadía que ambos políticos eran "muy peligrosos para la educación pública" y se ofrecía como "recompensa" la "adecuación retributiva". El cartel fue difundido por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en el marco de las negociaciones de los representantes de la Junta de Personal Docente con Educación para la subida salarial a los profesores, que se alcanzó en primavera, con motivo de la negociación de los presupuestos regionales de este año y antes de su aprobación y entrada en vigor en mayo.
En el fallo, la magistrada, de la Plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander, estima parcialmente el recurso interpuesto, entre otros, por STEC, y declara que la administración demandada ha vulnerado el derecho a la libertad sindical (de expresión), por lo que la condena a reponer la imagen que publicó el 2 y 8 de febrero y que fue eliminada del portal sindical virtual habilitado por la Consejería, a la que también impone las costas, limitadas en la cantidad de 500 euros.
Los demandantes pedían una indemnización de 7.000 euros por el daño moral causado, pretensión que no ha sido aceptada al entender la jueza que no es "procedente", toda vez que no se acredita la producción de los mismos.
Por lo demás, la resolución explica que la publicación del cartel en el tablón sindical se produce en el marco de una huelga en el ámbito docente, por lo que no puede considerar una "vulneración al derecho al honor de los cargos públicos que en él aparecen", es decir, Buruaga y Silva.
Sin embargo, la retirada de la misma "sin fundamento alguno" sí constituye "una vía de hecho que vulnera la libertad sindical en su vertiente de libertad de expresión" de STEC, y apunta al respecto la jueza que no se ha acreditado "en modo alguno que existiesen problemas de seguridad o de otro tipo que justifiquen la eliminación de la publicación", por lo que "la lesión al derecho fundamental es evidente".
"En la colisión del derecho fundamental a la libertad de expresión del sindicato y el derecho al honor de los cargos públicos, este último debe atemperarse debido precisamente a su cargo", señala la sentencia de lo Contencioso-Administrativo de Santander, al referirse a jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Añade que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) viene estableciendo en su doctrina que "los límites a la crítica aceptable son más amplios con respecto a un político que actúa en su capacidad pública que en relación con un individuo privado".
"Quienes participan voluntariamente en el debate político público quedan expuestos, de forma inevitable y consciente, al escrutinio minucioso de sus acciones y manifestaciones, tanto por parte de los periodistas como del público en general, por lo que deben mostrar un mayor grado de tolerancia, especialmente, cuando hacen declaraciones públicas que son susceptibles de crítica", abunda la sentencia
Y añade que si bien tienen derecho a que "se proteja su reputación", los requisitos para la misma "deben sopesarse frente a los intereses de la discusión abierta de cuestiones políticas, ya que las excepciones a la libertad de expresión deben interpretarse estrictamente".
La sentencia, dictada el 30 de julio, difundida este lunes y consultada por Europa Press, no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación.
EXPLICACIÓN Y VALORACIÓN DE STEC.
STEC ha enmarcado la publicación del cartel en febrero en la negociación de la adecuación retributiva del profesorado, y que la administración condicionaba a que se aprobaran los presupuestos de 2026, 2027, 2028 y 2029. Frente a ello, los sindicatos defendían un acuerdo "similar" al alcanzado en Sanidad, que no incluía esa condición presupuestaria, definida como la 'cláusula Silva'.
Por eso, reprochaban al Gobierno de Buruaga (PP, en minoría) la utilización del colectivo docente como "herramienta de presión" sobre la oposición para sacar adelante las cuentas, y apuntan que en las manifestaciones se coreaban frases como 'Somos docentes, no rehenes', en referencia a un sentimiento de "instrumentación" de su situación para "forzar una medida política de gran peso" como la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Para visibilizar y denunciar esa situación, el STEC diseñó una versión del estereotípico cartel de 'Se busca' de los forajidos del Oeste, con los rostros de Silva y Buruaga, y apuntaba que ambos eran "muy peligrosos para la educación pública" y la motivación del "intento de secuestro de 9.000 docentes", con la adecuación retributiva como "recompensa". Un cartel que, según el sindicato, "llenó" centros y calles de la región y también se colgó en el tablón sindical virtual', de donde fue suprimido por la administración "sin mediar explicación".
Por último, STEC indica que "no es la primera vez que la Justicia da un revés a la actitud del Gobierno autonómico respecto al conflicto con los docentes", y pone como ejemplo los servicios mínimos "abusivos" que intentó establecer en la huelga de inicio del curso pasado y que fueron tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).