SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha presentado alegaciones contra el convenio urbanístico para la ejecución de las obras de soterramiento del vial comprendido entre las rotondas de Alfonso XIII y la del Palacete del Embarcadero, y solicita la anulación del acuerdo de aprobación inicial del convenio y la suspensión de cualquier actuación sobre el viario de la zona hasta que los tribunales no se pronuncien sobre el recurso de nulidad de la modificación puntual en la que se fundamenta la ubicación del Centro Botín.
Según explica la plataforma en un comunicado, la oposición al soterramiento se fundamenta en que no existen motivos de interés general que justifiquen esta obra, si no que se trata de "satisfacer" los intereses de un particular (la Fundación Botín), mediante "un trato de favor y una celeridad inusual en la tramitación".
Por ello considera que se trata de un acto "carente de justificación técnica y social", requisitos "imprescindibles", dice, para su validez.
DEBA señala además que el proyecto "carece" de los necesarios informes económicos, urbanísticos, ambientales, de afección a las infraestructuras existentes y a la incidencia en el funcionamiento y capacidad del tráfico en las calles limítrofes afectadas.
Para la plataforma, el convenio firmado en agosto de 2012 entre la Administración Portuaria de Santander y el Ayuntamiento "incumple" la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Ordenación del Territorio de Cantabria, ya que dicho convenio, así como el proyecto de soterramiento, "no se encuentran formando parte del expediente ni se han sometido a información pública".
Por ello, considera que su contenido "es nulo de pleno derecho", al no cumplir con el precepto legal de que los convenios urbanísticos deben regirse por los principios de "transparencia y publicidad".
Según DEBA, la obra del túnel "lo que pretende en realidad" es dar servicio de acceso subterráneo al Centro Botín, "aún a costa de causar diversos perjuicios a la ciudad". En primer lugar, dice, "se altera" el tráfico de las calles adyacentes; además, en su opinión, al hacerse una entrada al aparcamiento de Alfonso XIII por el túnel, "se aumenta considerablemente el riesgo de siniestralidad".
Igualmente considera que la obra del túnel obligará a modificar el actual trazado recto del colector de aguas residuales, en otro "de múltiples quiebros", con los consiguientes riesgos de pérdida de eficiencia, avería y ruptura, señala. Además, una vez finalizada la obra, el Ayuntamiento "ha de asumir los gastos de conservación de la misma así como del colector", agrega.
Se trata por tanto, para este colectivo, de un convenio y un proyecto "hechos a medida y en beneficio" de una entidad privada, la Fundación Marcelino Botín, y "no en beneficio de los intereses generales de la población". "Este proyecto es una consecuencia más de cómo la elección de un lugar inadecuado para la ubicación del Centro Botín, obliga a realizar actuaciones que subordinan la configuración de la ciudad al capricho particular del promotor de dicho centro", concluye DEBA.
