El Dueso se queda sin médicos y la empresa externa contratada "colapsará" Valdecilla, avisa ACAIP

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que el centro penitenciario El Dueso, en Santoña, se ha quedado sin médicos tras la jubilación de toda la plantilla y la falta de reposición de las siete plazas previstas.

Además, la formación, mayoritaria en Instituciones Penitenciarias, ha alertado de que la "privatización" del servicio por la que ha optado el Ministerio del Interior, con la contratación de una empresa externa por "solo 60 horas mensuales", "colapsará" las urgencias del Hospital Valdecilla al "multiplicarse" los traslados a este servicio.

En un comunicado, ACAIP ha criticado el "abandono sanitario extremo" de los 400 internos de esta cárcel cántabra, que se han quedado sin la médica "mínima" en el centro, y tildan de "parche insuficiente" la medida del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

A juicio del sindicato, la adjudicación de la prestación sanitaria --a la empresa Emocional Technologies 22 SL por un coste anual aproximado de 60.000 euros-- es "a todas luces insuficiente", ya que el contrato contempla "únicamente" 15 horas de asistencia semanales para atender a "centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias".

Por eso, advierte ACAIP, la falta de médicos en el interior de la prisión genera un "efecto dominó" que afecta a la sanidad cántabra y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y es que la ausencia de diagnósticos previos de los reclusos de El Dueso "multiplicará" los traslados a Urgencias de Valdecilla, "colapsando sus servicios".

A ello se suma que cada traslado requiere la custodia y acompañamiento por parte de la Guardia Civil, "detrayendo efectivos de las calles de Cantabria para labores de vigilancia hospitalaria".

GESTIÓN DE DATOS SENSIBLES

ACAIP-UGT también muestra su preocupación por el hecho de que personal externo de una empresa privada tenga acceso a expedientes clínicos e información "altamente sensible" de la población reclusa, una tarea que tradicionalmente ha recaído en personal funcionario bajo "estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad".

El sindicato exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias soluciones "reales y estables" y señala que la Ley obligaba a la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos "hace más de dos décadas", un mandato que el Gobierno "sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona".