Será enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander al haber perdido su condición de aforado
SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha fijado para los días 29 de octubre y 26 de noviembre la celebración del juicio al ex consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Javier del Olmo, por delitos de obstrucción a la justicia, y prevaricación, y por faltas de amenazas y vejaciones, presuntamente cometidos en su etapa al frente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Según un auto dado a conocer hoy, y recogido por Europa Press, en la primera sesión del juicio, fijada para las nueve de la mañana del 29 de octubre en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, comparecerán los testigos de la acusación, mientras en la segunda parte de la vista, que se celebrará el 26 de noviembre, a la misma hora, comparecerán los de la defensa.
Aunque en principio Del Olmo iba a ser enjuiciado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Cantabria, que fue quien acordó abrir juicio oral contra ex consejero, dicha sala se declaró incompetente el pasado mes de mayo para juzgar a éste dado que perdió su condición de aforado tras dimitir de su cargo el 12 de marzo.
Los hechos por los que será juzgado Javier del Olmo ocurrieron cuando presidía el Puerto de Santander. La denuncia fue presentada en su día por un directivo y un trabajador del Puerto tras el despido de uno de ellos por declarar en favor del otro en un proceso de reclamación de categoría laboral.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) apreció "indicios objetivos suficientes" para imputar al consejero por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, y tras varios recursos del consejero, que fueron rechazados, se acordó abrir juicio.
En su escrito, la Fiscalía imputa al consejero dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia, uno de prevaricación, dos faltas de vejaciones y una falta de amenazas. Por todo ello, solicita una condena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación, así como el pago de varias multas por importe total de 15.750 euros. Además, propone que indemnice con 12.000 euros a cada uno de los dos trabajadores afectados.
Por su parte, la acusación particular imputa al consejero un supuesto delito continuado de obstrucción a la justicia, junto con otro delito continuado de prevaricación por los que pide dos años y medio de prisión y ocho y medio de inhabilitación. En cuanto a las multas solicitadas por esta parte, suman 13.500 euros, y las indemnizaciones para los trabajadores que pide son también de 12.000 euros.
PREVARICACIÓN Y OBSTRUCCIÓN
La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ya señaló en su día que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en concurso con prevaricación.
Y es que, supuestamente, el consejero despidió a uno de los trabajadores de forma improcedente por declarar a favor del otro en un proceso de reclamación de categoría y empeoró las condiciones laborales de éste.
Además, las decisiones las tomó presuntamente el propio Del Olmo, pese a tratarse de decisiones que competían al Consejo de Administración del Puerto.
