SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Cantabria ha recurrido el archivo de la causa contra los policías locales que el pasado mes de enero irrumpieron en el Ayuntamiento de Torrelavega para realizar una protesta laboral.
La denuncia por estos hechos fue sobreseída por el Juzgado número 1 de Torrelavega, que no consideró la protesta como delito, en una decisión que cuestiona ahora el Ministerio Fiscal, para quien, en cambio, estos actos merecen "mayor reproche" que el disciplinario.
Por tanto, la Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Cantabria que revoque el auto de sobreseímiento dictado por el juzgado de Torrelavega y que continúe las actuaciones por procedimiento abreviado para que se pueda celebrar juicio contra los agentes implicados.
Los hechos sucedieron el 9 de enero de 2009 cuando, en el marco de una reclamación laboral, unos 30 policías locales de Torrelavega irrumpieron en el Ayuntamiento con altavoces y silbatos, hasta el punto de que desde el equipo de Gobierno se solicitó el desalojo del edificio.
Ya entonces se remitieron estos hechos al Ministerio Fiscal, y, aunque el Ayuntamiento acabó optando en sesión plenaria, las actuaciones penales continuaron al estar en manos de la Fiscalía. Los policías se acogieron a su derecho a no declarar ante el Juzgado, que prestó declaración como testigos a 64 funcionarios que se encontraban en el Ayuntamiento.
El Juzgado entendió que ese día se produjo una perturbación del orden, pero no grave y que, en todo caso, podría ser una falta muy grave en el orden disciplinario policial.
El Ministerio Fiscal interpreta que el trabajo que se desarrolla en una oficina como la municipal también es un acto público, por lo que sostiene que se produjo una alteración del orden público.
Además, reseña que la intensidad del ruido provocado por los policías alcanzó los 106 decibelios, hasta el punto de que "los propios policías estaban protegidos con orejas y aislantes acústicos", en una protección de la que carecían empleados municipales y los ciudadanos que hubieran acudido al Ayuntamiento.
También alude al tiempo de duración del incidente, que superó los 60 minutos "entrando y saliendo del edificio, subiendo y bajando, intentando entrar en algunos despachos e interrumpiendo, en definitiva, la actividad diaria del Ayuntamiento".
Para la Fiscalía, las protestas laborales no justifican una actuación tan "desproporcionada", al existir cauces legales para canalizar estas reclamaciones.
El Ministerio Fiscal critica especialmente que los responsables de esta situación fueran "precisamente las personas encargas de velar por el orden público y la paz social", e incide en que esta protesta causó perjuicios a ciudadanos que "no pudieron ser atendidos debidamente" por los funcionarios municipales.
