SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, ha reivindicado que el actual Gobierno de Cantabria ha dado "pasos adelante" que están resultando "muy importantes" para resolver la problemática de los afectados por la Ley de Montes pero ha insistido en que el Gobierno regional no puede reconocer propiedades que por vía administrativa "no puede demostrar" porque eso sería "prevaricar".
En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha recalcado que los problemas de propiedad se resuelven a través del Código Civil por lo que "en muchos casos" los afectados tendrán que acudir a los juzgados para reclamar su propiedad.
Sin embargo, ha explicado que el Gobierno de Cantabria sólo podrá reconocer la propiedad por vía administrativa a través del denominado 'usocapión', al que únicamente pueden acogerse aquellas personas que puedan demostrar que han sido propietarios de forma "ininterrumpida" de un terreno desde 30 años antes de la entrada en vigor de la Ley de Montes (2004), es decir que sean sus dueños con anterioridad a 1974.
Así, y gracias a esta figura puesta en marcha por el Gobierno de Cantabria, se reconoce la propiedad a pesar de que su terreno escriturado esté registrado también en el catálogo del ayuntamiento o junta vecinal de monte de utilidad pública.
Según ha recordado, la "doble inmatriculación", que supone que una persona pueda tener un título de propiedad de un terreno que está reconocido por la Administración como monte de utilidad pública, es la causa que genera la problemática "en la mayoría de los casos".
Martínez ha destacado que el reconocimiento por usocapión por parte del Gobierno de Cantabria es uno de los "pasos" que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional y "abre la puerta a una serie de propietarios que pueden demostrar" que lo son desde hace más de tres décadas de la entrada en vigor de la ley.
La consejera ha señalado que otro avance se ha dado con los llamados "convenios de maniales" por los que el Gobierno regional permite que se puedan "consorciar como antiguamente un monte entre una Administración y un propietario después de que la Ley de Montes estableciese que los consorcios forestales que caducaban después de la entrada en vigor no se pudiesen prorrogar.
Así, ha destacado que en algunas zonas como la junta vecinal de Otañes (Castro Urdiales) y la de San Pantaleón de Aras (Voto) se han suscrito nuevos convenios de maniales, 200 en el primer caso y sobre la veintena en el segundo.
MEJORA EN EL SECTOR PRIMARIO
Por otra parte, Martínez se ha referido al incremento de la ocupación en 2.200 personas en el sector primario que se ha producido desde el cambio de legislatura, y que le ha hecho pasar de tener unas 6.000 a los 8.200, y también a la caída del paro a una carta parte dentro de él y lo ha achacado y atribuido a un "compendio" de causas.
Entre otras, se ha referido al regreso al campo de jóvenes que se habían ido del pueblo para trabajar en la ciudad, unido, a las subvenciones y ayudas a las que pueden optar para iniciar su andadura en el campo y a otras líneas como inversiones colectivas, para ayudas para desbroces, talas o cortafuegos que requieren "una gran mano de obra".
Además, ha detallado otras actuaciones de su departamento en otras ramas, como la industria agroalimentaria, concretamente a lo relativo al sello de calidad en el que se está trabajando para la anchoa del Cantábrico, uno de los "productos estrella" de la región, con el fin de garantizar su procedencia.
A su juicio, con esta medida se contribuye a proteger a los pescadores y a las trabajadoras de las conserveras.
Otra problemática "un tanto compleja" es la del sector lechero a raíz, entre otros factores, del incremento en la demanda de cereales y, por consiguiente, el aumento de su precio, que genera unos costes "que en muchos casos" ponen "en jaque" la viabilidad de las explotaciones.
Ha asegurado que se trata de un "problema de todos" los países productores y ha subrayado que "no se puede trabajar y ser una isla" Cantabria.
En la entrevista, también ha hecho alusión a las acciones que se están desarrollando en el área de desarrollo rural, como los planes de mejora, la mejora de las líneas eléctricas o el mantenimiento, mejora y desarrollo de los caminos rurales y forestales.