La posible legalización de las viviendas de Cerrias depende de la reforma de la Ley de Costas
SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria y la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, han acordado crear una comisión de seguimiento que se reunirá con carácter semestral en la que el Ejecutivo les dará a conocer los avances que se hayan producido en esta materia.
Así lo ha anunciado este miércoles a preguntas de la prensa el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha concretado que este martes ha mantenido un encuentro con el presidente de AMA, Ciríaco García, con quien se volverá a reunir en abril para fijar el "calendario de futuro" de la comisión.
Fernández ha explicado que, con esta comisión, el Gobierno pretende dar a conocer los avances de la ejecución del Plan de Derribos a los intersados previamente que a los jueces, a los que el Ejecutivo informa semestralmente. Y ha precisado que en paralelo se seguirán manteniendo reuniones con los afectados de Cerrias.
El consejero ha señalado que estos encuentros "vienen bien a las dos partes" porque así el Gobierno "mantenemos siempre la idea de seguir avanzando en la ejecución del Plan de Derribos", y los afectados "están informados de cómo evoluciona todo".
"Estamos abiertos a cualquiera de los afectados, a darles todo tipo de información porque bastante daño ya les hemos ocasionado como para encima llevar a cabo una política de ocultamiento", ha subrayado.
No obstante, ha apuntado que aunque hay casos "muy claros" como La Arena, donde habrá que demoler toda la urbanización, hay otros como Argoños, donde habrá que hacer concreciones en la revisión del planeamiento que ya se están tramitando, o Cerrias, con la "incertidumbre" de la reforma de la Ley de Costas.
CERRIAS Y LA LEY DE COSTAS
En este sentido, el consejero ha subrayado que el Plan de Derribos "sigue avanzando en todos los supuestos", y las modificaciones de planteamiento que exigía en la mayoría de los casos se están realizando en todos los ayuntamientos afectados, como Arnuero, Argoños, Miengo o Escalante, si bien este último está "un poco más atrasado", y cuando estén los nuevos planes se plantearán las nuevas licencias de legalización.
En el caso de Cerrias, la primera en ejecutar del Plan de Derribos porque "no había modificación del planeamiento posible, sobre todo para las siete viviendas de la cala norte", se sigue trabajando en esa línea pero ante la posible reforma de la Ley de Costas se está estudiando conjuntamente con los afectados si ésta podría "subsanar o posibilitar" la legalización de las viviendas.
"Se está viendo esa alternativa, por dónde podría ir la reforma de la Ley de Costas, incluso puede que los afectados hagan alguna propuesta en este sentido", ha avanzado Fernández, para quien "no tiene sentido" proceder al derribo de estas edificaciones si finalmente las ampara la Ley de Costas.
Pero la reforma de la ley llevará "un tiempo" y por ello el Gobierno trabajará en paralelo ya que no quiere "parar la ejecución del plan". Así, a lo largo de este año se llevarán a cabo los procedimientos de responsabilidad patrimonial para valorar las viviendas para su demolición y fijar una indemnización.
"La idea de ir ejecutando las sentencias se va a seguir tramitando pero al mismo tiempo se irá viendo si las reformas de la Ley de Costas amparan o no su posible legalización", ha dicho, apuntado que de este modo la demolición de Cerrias "no tiene por qué retrasarse". Un planteamiento del que se ha informado a los afectados que lo ven "lógico" porque "esto es algo que no conviene demorar en exceso", ha defendido.
"Si luego la sentencia del Tribunal Constitucional declara que nuestra ley es inconstitucional, inmediatamente se van a ordenar las demoliciones y nosotros queremos garantizar siempre una valoración e indemnización previa", ha explicado el consejero. "Creemos que a una familia no le puedes tirar la casa y luego meterle en un procedimiento para discutir el precio de esa vivienda. Si se va demoler, primero hay que valorarla correctamente, indemnizarles y darles un plazo para buscar una casa. Y si queremos hacer eso no podemos demorar la ejecución del plan", ha subrayado.
En este sentido, ha comentado que el Gobierno ha anunciado "cierta urgencia" en la tramitación de la ley --de la que dependen las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre que finalizan en 2018--, con lo que "seguramente en el plazo de un año iremos viendo por dónde puede ir" la normativa.
Además ha recordado que el Gobierno regional se comprometió a dar un plazo a los afectados, concretado en seis meses después de la indemnización, para que busquen una nueva vivienda.
Luego hasta 2013 no será posible demoler ninguna vivienda, ni siquiera conforme al Plan de Derribos, que también preveía esa fecha.
