La futura Ley de Acceso a la Vivienda contemplará la posibilidad de expropiar pisos abandonados
SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria se propone crear patrimonio público de suelo en el Cabildo de Arriba, en Santander, a través de la adquisición de solares, edificios en ruina o viviendas en las que se llegue a algún tipo de acuerdo con los propietarios, con el fin último de abordar desde la administración la rehabilitación del barrio y la creación de viviendas protegidas.
Ésta es una de las medidas que plantea la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo desde su disposición a "colaborar" con el Ayuntamiento de Santander en la búsqueda de una solución para el barrio.
El propio consejero, José María Mazón, expuso hoy en rueda de prensa las medidas propuestas desde su departamento, entre las cuales está también la inclusión de la posibilidad de expropiación de pisos abandonados en la futura Ley regional de Acceso a la Vivienda, y la puesta a disposición de viviendas de alquiler con opción de compra para los realojos de los afectados.
Mazón destacó que lo sucedido en el Cabildo y la solución para la rehabilitación del barrio requiere de la participación y colaboración de "todos", porque se trata de un "problema ciudadano, con muchísimos afectados". "El Gobierno está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento", incidió el consejero, quien recalcó que "no es momento de pedir responsabilidades ni legales ni políticas sobre lo ocurrido", lo cual "no quiere decir que no haya que exigirlas" en otro momento.
Entre las medidas que propone la Consejería y que se harán llegar al Ayuntamiento cuando se convoque la comisión anunciada por el Consistorio --cuya creación ha causado "sorpresa" en el consejero porque incluye al Gobierno y se han enterado "por la prensa"--, Mazón destacó la de adquirir patrimonio de suelo en la zona.
Según dijo, ya se ha encargado al director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco, que se inicien los contactos con los propietarios de solares o edificios y viviendas en estado de ruina para la compra por parte del Gobierno "a precios no especulativos". En los presupuestos de la Consejería se dispone de partidas para patrimonio de suelo y se cuenta también para ello con la empresa pública Gesvican.
"Queremos rehabilitar el Cabildo porque es una zona privilegiada de Santander desde el punto de vista de su situación. Es el momento, ya va llegando la hora de que se asuma la iniciativa", apostilló Mazón, quien mostró además sus "condolencias" a las víctimas.
Otra de las medidas que propone la Consejería es actuar a través de la futura Ley de Acceso a la Vivienda, en la que se incluirá la posibilidad de facultar al Gobierno para expropiar viviendas abandonadas o en estado de ruina.
ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA.
Asimismo, se plantea la creación de viviendas de alquiler, con opción de compra, para realizar los realojos de los afectados por el derrumbe y para otros vecinos que puedan ser realojados mientras se abordan obras de rehabilitación en sus inmuebles.
Para los afectados por el derrumbe, la intención de la Consejería es modificar la calificación de las 46 viviendas de protección que Gesvican construye en el Alisal, para "reconvertirlas" en viviendas de alquiler con opción de compra, con preferencia para quienes necesiten un realojo provisional. Según indicó Mazón, habrá que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que aporte una lista de las personas con prioridad, con el fin de reservarles un cupo.
Explicó que las viviendas, que "afortunadamente" no se habían sorteado todavía, están "prácticamente terminadas" y se espera que para el mes de enero tengan "todos los parabienes". Al reconvertirse en viviendas de alquiler con opción de compra permiten ejercer esa opción pasados diez años, pero no obliga a hacerlo. Además, quienes sean mayores de 65 años o menores de 30 tendrán también derecho a las ayudas suplementarias que prevé el plan estatal de vivienda, agregó.
LOS TERRENOS DEL CAMPÓN.
La habilitación de viviendas de alquiler con opción de compra puede ser también, según Mazón, una posibilidad para otros residentes del Cabildo o de otras zonas "olvidadas" de la ciudad que necesiten ser realojados mientras se acometan obras de rehabilitación en sus edificios.
En el caso del Cabildo algunos tienen ya concedidas las ayudas del Área de Rehabilitación Integral (ARI). "En muchas de las obras de rehabilitación pendientes de empezar es muy posible que se necesite el desalojo y les venga muy bien irse de alquiler una temporada", explicó el consejero.
Junto a las viviendas del Alisal, otro emplazamiento para realojos podría ser el Campón, pero en este caso subrayó que se necesita el "desbloqueo inmediato" de la modificación puntual de los terrenos adquiridos por el Gobierno en esta zona para que se puedan construir viviendas.
El Gobierno pedirá al Ayuntamiento que se apruebe esa modificación sin esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), porque así el plazo será "mucho más corto". "No todo puede ir condicionado al Plan General. No podemos ir condicionando pequeñas actuaciones a que esté todo aprobado", agregó Mazón, quien recordó que el Ejecutivo ya ha solicitado "en más de una ocasión" esa modificación y ha presentado alegaciones al Plan General.
ACTUACIONES DEL ARI. En su rueda de prensa el consejero hizo también balance de las actuaciones aprobadas en el ARI del Cabildo hasta la fecha. En total hasta el momento son 16 ayudas para otros tantos edificios, ocho de ellas pendientes de calificación definitiva y las otras ocho pendientes de calificación provisional.
Las ayudas afectan a 150 familias y suponen la subvención del 40 por ciento del coste de la rehabilitación. Según indicó Mazón, ya se han concedido 175.000 euros y están pendientes de concesión otros 165.000 euros. El objetivo inicial era llegar a 20 edificios y 250 viviendas.
El consejero recordó que el Área de Rehabilitación Integral (ARI) para el Cabildo de Arriba se aprobó "a propuesta del Gobierno de Cantabria", que lo planteó "hace más de dos años", pero "tardó" en ejecutarse porque la propuesta del Ayuntamiento no se limitada a esa zona. El ARI se firmó en diciembre de 2006 con el Ministerio de Vivienda.
