Espera que en septiembre se pueda licitar el concurso para el derribo de las viviendas del Alto del Cuco y la regeneración del monte
SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria prevé que en septiembre u octubre que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se pronuncie sobre el "fondo" de las autorizaciones provisionales concedidas a las viviendas 'Las Torres', en Escalante, para intentar evitar su derribo.
Así lo ha afirmado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, al ser cuestionado por el estado en que se encuentras estas autorizaciones provisionales, aprobadas por el Consistorio de Escalante pero pendientes de validación del TSJC.
El pasado mayo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC cuestionó la vía procesal usada por el Consistorio para solicitar la inejecución de la sentencia de derribo y en julio este órgano judicial confirmó su decisión de no tramitar el incidente de ejecución presentado por el Ayuntamiento al considerarlo "innecesario".
Entonces la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo aclaró que, con esos pronunciamientos, el TSJC "no entraba para nada en el fondo del asunto".
EL RESTO DE AUTORIZACIONES, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO
Al margen de las de Escalante, el consejero ha señalado que el resto de autorizaciones provisionales van sobre el "plazo y calendario previsto".
A pesar de ello, ha recordado que agosto es un mes "inhábil" en los tribunales, salvo para las cuestiones de derechos fundamentales.
En cuanto a las que se están tramitando por parte de otros ayuntamientos, ha explicado que en "septiembre u octubre" se aprobarán las de las 20 viviendas en Entrelindes y las de las 21 en la denominada L05 en Piélagos, además de las de 110 de Miengo.
Para diciembre se prevé aprobar autorizaciones provisionales para 22 en Cerrias (Piélagos) --que son las que en principio pueden acogerse a esta solución ya que otras 17 en esa zona se van a demoler-- y para las de Argoños que también pueden acogerse a este instrumento.
Así, el consejero prevé que para finales de este año o, "como muy tarde", el primer trimestre de 2015 estén concedidas todas las autorizaciones provisionales para aquellas viviendas con sentencia de derribo en Cantabria que tienen "visos" de poder legalizarse.
Luego serán los tribunales los que deberán validar las autorizaciones provisionales concedidas por los ayuntamientos.
Por ello, y a pesar de insistir en que puede ocurrir que algunas autorizaciones provisionales puedan ser aceptadas por los tribunales y otras no, el consejero espera que el TSJC se pronuncie sobre las de Escalante --las primeras concedidas-- para conocer si la figura "en sí misma" es aceptada.
El Plan de Ejecución de sentencias de derribo del Gobierno de Cantabria incluye a 835 viviendas, repartidas en distintos municipios.
De ellas, se espera que a 449 se les pueda conceder autorización provisional --solo aquellas que en principio tienen cabida legal en los planes generales de ordenación urbana que se están tramitando en los ayuntamientos en los que se asientan--.
Aquellas a las que no se les conceda la autorización provisional serán derribadas. Este es el caso de 11 en el Camino del Portillo en Argoños; las 144 de la Arena en Arnuero; 231 en Piélagos (214 del Alto del Cuco y 17 de Cerrias).
A todas estas se sumarán las que los tribunales declaren que no pueden ser legalizadas con los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU).
EL CONCURSO PARA DEMOLER EL ALTO DEL CUCO, "EN SEPTIEMBRE"
En relación a las 214 del Alto del Cuco (Piélagos), en las que no vive nadie y que van a ser derribadas, el consejero ha indicado que el Gobierno de Cantabria prevé sacar "en septiembre" el concurso para el derribo de estas viviendas y la regeneración del monte en el que se ubican.
Para la demolición, se usará un proyecto entregado por Fadesa, la constructora del Alto del Cuco, que está siendo revisado pro los técnicos del Gobierno y se prevé que a "finales de agosto o principios" de septiembre se tenga el proyecto definitivo para poder aprobarlo y sacar a concurso el derribo y la regeneración.
Para afrontar el coste, el Gobierno regional prestará al Ayuntamiento el dinero y éste lo tendrá que devolver. Qué parte debe devolver el Consistorio dependerá del expediente de responsabilidad patrimonial abierto.
ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS
Además, el Gobierno está trabajando con los propietarios de algunas de las viviendas que van a ser derribadas en Cantabria sobre las indemnizaciones o la sustitución de la casa que va a ser demolida por otra vivienda que se construirá, en principio, en el mismo municipio.
El consejero prevé que sea con los propietarios de La Arena en Argoños sean con los primeros que se alcance este acuerdo.
A preguntas de los periodistas, Fernández ha reconocido que hay algunos propietarios de viviendas que van a ser derribadas que se están planteando quedarse con la indemnización y no esperar a que les construyan la vivienda que sustituirá a la que se derribe.
En relación a aquellas viviendas a las que se ha concedido o prevé otorgar la autorización provisional, el consejero ha señalado que la "inmensa mayoría" esperará hasta ver lo que deciden los tribunales.
