El Gobierno se querella por calumnias e injurias sobre el caso de un menor

La pareja de Camerún que reclama a su hijo
EUROPA PRESS
Actualizado: domingo, 1 marzo 2015 12:16

Por los contenidos colgados en "numerosas páginas de Internet"

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha interpuesto una querella contra "diferentes personas físicas y varias asociaciones" por presuntas calumnias e injurias en relación al caso de un menor.

Según ha podido confirmar Europa Press, se trata del caso de la pareja de Camerún que perdió la patria potestad de su hijo y lleva varios años pleiteando con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para recuperar su tutela o, al menos, para que les dejen ver a su hijo, que se encuentra en régimen de preadopción con una familia de acogida.

La demanda se interpuso el pasado 16 de octubre, tras un "minucioso proceso" de identificación de los presuntos responsables de esas calumnias e injurias, ante "las numerosas páginas de Internet que han colgado contenidos relativos al menor". En la actualidad, se está todavía a la espera de pronunciamiento por parte del Juzgado en el que ha recaído la demanda, que es el de Instrucción nº 2 de Santander, según han confirmado a esta agencia fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La querella, que tipifica los hechos denunciados como calumnias con publicidad e injurias graves con publicidad, se apoya en un acuerdo del Consejo de Gobierno de julio del año pasado, al que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo autoriza a la Dirección General del Servicio Jurídico a "ejercitar acciones civiles y penales contra cualesquiera personas que, por cualquier medio, manifiesten, publiquen o difundan opiniones o informaciones, oralmente o por escrito, de contenido injurioso o calumnioso, o que atente contra el honor, la dignidad o la propia imagen del Gobierno de Cantabria, el ICASS o sus empleados en relación con el caso de un menor".

DECLARADO EN DESAMPARO EN 2009

El niño, que ahora tiene diez años, lleva cinco separado de su familia biológica y se encuentra con una familia de acogida en régimen de preadopción. En 2009 el ICASS le declaró en desamparo tras varios ingresos hospitalarios en poco tiempo, y los padres fueron acusados de un delito de malos tratos del que han sido absueltos, tanto en primera instancia (la administración recurrió) como por la Audiencia Provincial en sentencia firme.

Transcurridos dos años de la declaración de desamparo, perdieron la patria potestad del menor, y en la vía civil les han desestimado todos los intentos para que se revoque dicha declaración y el niño vuelva con su familia biológica.

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander decretó en febrero de 2014 que no era necesario su asentimiento en el procedimiento de adopción del menor que se está tramitando, sino que simplemente debían ser oídos, sentencia que la Audiencia provincial confirmó y elevó a firme el pasado mes de julio, según ha confirmado Europa Press.

Ferdinand Kome y su esposa Monique, que tienen otros dos hijos, acusan al Servicio de Protección de Menores de "prácticas inhumanas" en este proceso y denuncian que el ICASS "quiere consumar la adopción sin escucharnos". Una de las acciones que han puesto en marcha para intentar evitarlo es la recogida de firmas de apoyo a través del portal www.libertadparaw.blogspot.com y de la plataforma de peticiones Change.org.

No tienen contacto con su hijo desde diciembre de 2010, fecha en la que se suprimieron las visitas inicialmente concedidas. La pareja ha demandado al ICASS para que se les permita relacionarse con su hijo y reanudar las visitas, pero el mismo juzgado se lo ha denegado, y la Audiencia Provincial acaba de desestimar su recurso y de confirmar la resolución del Juzgado nº 10.

La Asamblea por la Libertad de W., plataforma ciudadana que apoya la lucha de Ferdinand y Monique, denuncia que el niño fue "arrebatado injustamente de su familia"; que el ICASS cometió "un grave error"; y que los diferentes juzgados de la vía civil "no han prestado atención ni al peritaje independiente, que demuestra no sólo la buena voluntad, sino la evolución positiva de los padres, ni a las sentencias de lo penal, que demuestran que no sólo no hubo maltrato, sino tampoco dejación en las funciones de los padres".