Gobierno regional y Estado acuerdan "ir de la mano" en la redacción de sus respectivas leyes de Función Pública

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos autonómico y estatal han acordado hoy "ir de la mano" en la redacción de sus respectivas leyes de Función Pública, proyecto en el que ambas administraciones se encuentran inmersas.

Así explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, tras reunirse con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, en un encuentro en el que, según el consejero, ambos acordaron "prestarse la máxima colaboración" en los temas "coincidentes" que están abordando ambas administraciones, entre los que se encuentran sus respectivas leyes de Función Pública y los Planes de Reducción de Cargas Administrativas.

En este sentido, Mediavilla afirmó que es de "máximo interés" para la Comunidad Autónoma contar con la colaboración e "información de primera mano" del proyecto de ley de Función Pública que aborda la Administración General del Estado, ya que sus aportaciones pueden "enriquecer la normativa que habrá de fijar el nuevo modelo de Función Pública que implantaremos en Cantabria".

Así, anunció que han acordado mantener "reuniones periódicas", en las que Cantabria "aportará su punto de vista" al texto que prepara el Estado y, paralelamente, la Comunidad Autónoma contará con las "sugerencias del Estado, que se sumarán a las de representantes sindicales, grupos políticos y todos los organismos implicados de la región para conseguir redactar la mejor ley de Función Pública posible".

"Nuestra intención sigue siendo enriquecer nuestro borrador de anteproyecto con las aportaciones de todos quienes tienen algo que decir en materia de Función Pública", señaló Mediavilla, para quien las administraciones se encuentran hoy "en un momento crucial en el que es posible y necesario reinventarlas y hacer de ellas entes inteligentes, modernos, y cercanos al ciudadano".

REDUCCIÓN DE CARGAS

Por otra parte, el consejero trasladó a Rumí el estado de implantación del Plan de Reducción de Cargas Administrativas, cuyo despliegue definitivo, previsto para 2012, permitirá la eliminación del 30 por ciento de las cargas administrativas que soportan ciudadanos y empresas en sus relaciones con la Administración Pública Autonómica. Una simplificación que conllevará un ahorro de 180 millones de euros anuales al tejido productivo cántabro, alrededor de 3.000 euros por pyme al año.

El Gobierno de Cantabria, que "ha comenzado su implantación con 23 iniciativas de arranque", ha creado recientemente un grupo de trabajo en el que están representados los tres niveles de la administración.

Para Mediavilla, ambos proyectos, la nueva ley de Función Pública y el Plan de Reducción de Cargas Administrativas, constituyen los "pilares básicos para lograr la modernización real de la Administración Pública Autonómica y son, por tanto, la principal apuesta del Ejecutivo autonómico en esta materia".