Se reduce el peso de la representación política en los órganos de la caja y sus gestores deberán acreditar experiencia profesional
SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo, urge a que se complete el proceso de reformas en las cajas de ahorro españolas y en Caja Cantabria para que estas entidades financieras puedan "recuperar la confianza" tanto de los usuarios como de los mercados.
Por esto motivo, "de forma inmediata" aunque sin la "presión de los plazos", el Ejecutivo regional acometerá la adaptación normativa de las cuestiones que sean de su competencia tras la aprobación de la modificación de la Ley de Cajas y del proceso de integración de Caja Cantabria con su integración junto a Caja del Mediterráneo (CAM), Cajastur y Caja de Extremadura en un Sistema Institucional de Protección (SIP).
Agudo se ha expresado así en su intervención en el Pleno en el que se ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos la modificación de la Ley de Cajas en Cantabria, con la que se adapta el texto a la nueva normativa estatal y se trata de "reforzar" la "profesionalidad e independencia" de los miembros de los órganos de Gobierno de Caja Cantabria.
Así, perderán peso los representantes de instituciones públicas o partidos políticos y se exigirá que los gestores acrediten una experiencia de al menos cinco años en la gestión de empresas privadas de dimensiones o características similares a la de Caja Cantabria.
El "tamaño", la "solvencia" y la "profesionalidad" son, según el consejero, "necesidades imperiosas" para quien quiera operar en los mercados internacionales, algo "imprescindible" para los grupos "poderosos", y que, en consecuencia, obliga a "actuar con diligencia". "La situación de los mercados es tan difícil que no entienden de estructuras complicadas", ha aseverado Agudo, quien ha apostado por "recuperar el bien más preciado que tiene una entidad financiera: la confianza".
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Fernández Mañanes, ha enmarcado la aprobación de esta ley dentro de las medidas estructurales que en toda España se han adoptado ante la crisis económica, entre ellas, la reestructuración del sector financiero, con el objetivo "urgente" de "restablecer los elementos de confianza" en estas entidades.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha mostrado su apoyo "crítico" a la aprobación de la ley, debido a la normativa en la que se basa y a la "interpretación más rigurosa" que de ella se ha hecho en una evolución que califica de "muy dura" por la "desconfianza generalizada" en las entidades financieras que, en el caso de las cajas, De la Sierra considera "injusta".
Finalmente, la diputada del PP Cristina Mazas ha incidido en que con los cambios en las cajas estas desarrollarán un "nuevo modelo de negocio" que les permitirá emitir cuotas participativas, como si fueran acciones, lo que les hará "más atractivas" para los mercados, aunque ha precisado que lamenta que llegue "tarde" y ya se hayan sufrido restricciones en el crédito, además de que no haya ido acompañado de reformas económicas para mejorar la competitividad nacional y regional.
MODIFICACIÓN DE LA LEY
Los cargos políticos electos, y los altos cargos de las administraciones estatal, autonómica y local, no podrán ser miembros de los órganos de gestión y dirección de Caja Cantabria, según establece el proyecto de ley que modifica la Ley de Cantabria de Cajas de Ahorro para adaptarla a la normativa estatal, y que ha aprobado hoy el Ejecutivo regional.
Otra de las principales novedades respecto a la legislación actual es que los representantes del Parlamento regional y de los ayuntamientos en la Asamblea General de la Caja pasan del 60 al 40 por ciento. El número máximo de miembros de esta asamblea oscilará entre un mínimo de 60 y un máximo de 160.
Esta ley adapta la normativa cántabra al decreto-ley estatal que modifica la regulación de las normas básicas sobre los órganos rectores de las Cajas de Ahorro que ha entrado en vigor este año, y persigue fundamentalmente una mayor profesionalización de dichos órganos.
Así, establece que es incompatible con la condición de compromisario y con la de miembro gestor de los órganos de gobierno de las cajas quienes tengan la consideración de cargo político electo; alto cargo de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la Local, así como de entidades del sector público y de derecho público-privado vinculadas o dependientes de aquellas.
De esta forma, se determina la incompatibilidad de cargos electos o miembros de algún Ejecutivo o entidad del sector público de ocupar cargos directivos ni de gestión dentro de las cajas.
Tampoco podrán ser cargos electos los miembros de la Asamblea General de la entidad que nombren el Parlamento y los ayuntamientos.
El proyecto de ley establece además que los órganos de gobierno pluripersonales deben actuar de forma colegiada y, dentro del objetivo de intensificar la profesionalidad, fija los requisitos para desempeñar los cargos de dirección y gestión de las cajas, desde el punto de vista de la honorabilidad comercial y profesional.
La actual Ley de Cajas de Ahorro de Cantabria es del año 2002. El proyecto de ley que se ha aprobado hoy se limita a un único artículo en el que se contienen 33 modificaciones, así como una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
