El PP alerta del incremento del gasto en alquileres y Agudo lo atribuye al aumento de competencias y de actividad
SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico tiene en tramitación más de nueve millones de metros cuadrado de suelo industrial, incluidas algunas actuaciones de ejecución "inminente", como el PSIR de Marina y Medio Cudeyo, cuyas obras empezarán "de manera inmediata", o la segunda fase del polígono de Vallegón, también "próxima" a empezar.
Así lo aseguró hoy el consejero, Javier del Olmo, para responder a una interpelación del Partido Popular y rebatir a sus críticas en el Pleno del Parlamento, donde la diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte aseguró que "todas las grandes promesas" sobre suelo industrial de este Gobierno se han quedado "en anuncios, propaganda y pura palabrería" y hay un "abismo" entre lo prometido y lo realmente ejecutado.
Sin embargo, para Del Olmo la situación "dantesca y dramática" que describe el PP "no es ni mucho menos la que se corresponde con la realidad" y para ilustrarlo, recalcó que "lo que hay que ver" son esos más de nueve millones de metros cuadrados "en tramitación", los polígonos en ejecución "inminente" y la figura del PSIR, que se ha demostrado el elemento "más eficaz" en el desarrollo de suelo industrial y es incluso "demandado" por los alcaldes del PP.
El consejero, tras subrayar que en la pasada legislatura ya se puso a disposición de los cántabros un millón de metros cuadrados, más que "en toda la historia anterior", explicó que ya están ejecutados el polígono de Los Tánagos, la primera fase de Marina de Cudeyo, el Parque Empresarial Besaya y el polígono Tanos-Viérnoles, que suman en conjunto más de 1,3 millones de metros.
Además, están en ejecución el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) y el Parque Empresarial del Alto Asón, que, según dijo, este Gobierno se encontró en estado "gangrenoso" y ha tenido que desbloquear. Y en tramitación se encuentran el PSIR de La Pasiega, el de Piélagos-Villaescusa, el de Marina y Medio Cudeyo, el de Val de San Vicente, el de Prado Cervera y la segunda fase de Vallegón.
"Probablemente este Gobierno ha trabajado más de lo que era habitual en gobiernos anteriores", apostilló del Olmo, quien destacó también el impulso que supondrá para el desarrollo industrial el plan eólico, que tiene ya la aprobación del Consejo de Estado y que "pronto" continuará su desarrollo con la publicación del concurso en el Boletín Oficial de Cantabria.
RETRASOS, ABANDONOS E INCAPACIDAD
En cambio, María Antonia Cortabitarte le contestó que si fueran "realidad" los datos sobre suelo industrial no habría 430 solicitudes de empresarios que necesitan suelo sobre la mesa del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y aseguró que lo "dantesco" es que mientras Revilla dice eso, el Gobierno es "incapaz" de atender esa demanda y no se le cae "la cara de vergüenza".
La diputada 'popular' insistió en que el suelo industrial es "de lo que más ha alardeado" este Gobierno y de lo que "menos ha hecho", porque se ha limitado a "retrasar de manera injustificada e imperdonable" o "abandonar" los proyectos que dejó en marcha el PP; y ha sido "incapaz" de ejecutar lo que él mismo ha prometido en "continuas campañas publicitarias".
Así, puso el ejemplo del PCTCAN, que debería haber estado operativo en el verano de 2006; el Corredor Sniace-Solvay, del que no hablan porque es "motivo de pelea" entre el PSOE y el PRC de Torrelavega; el polígono Tanos-Viérnoles, que tenía que haberse terminado en diciembre de 2005; los "dos años" que estuvo "paralizado" el Parque Empresarial Besaya; o el PSIR de Marina y Medio Cudeyo, una "aberración urbanística" que, agregó, "gracias a Dios está paralizada".
Para el consejero, afirmaciones como esta última ratifican que el PP sigue en la estrategia de "cuanto peor mejor", que ya les recriminó el pasado lunes, y quiso aprovechar entonces para "explicar claramente" el sentido de sus afirmaciones de hace una semana, pero se lo impidió el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, porque, a su entender, no procedía hablar de otros plenos.
ALQUILERES
Al margen de este asunto, en el Pleno de esta tarde también se debatió sobre el gasto del Gobierno en alquileres de locales para organismos, entidades, sociedades o fundaciones del sector público, administrativo, empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma.
El diputado del PP Luis Carlos Albalá comparó los datos a 31 de diciembre de 2007 aportados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria con los presupuestados para los años 2008 y 2009, porque suponen incrementos por encima del 30 por ciento y hacen que la información facilitada sobre 2007 sea, "cuando menos, increíble".
Según dijo, en 2007 el Gobierno --a la luz de la información remitida al Parlamento-- destinó 4,7 millones de euros a esos alquileres, pero en 2008 la cifra presupuestada se elevó hasta 6,3 millones (un 37 por ciento más) y en 2009 hasta 8,4 millones de euros (un 30% más que en 2008). Por consejerías subrayó casos como el área de Empleo y Bienestar Social, ya que el gasto en alquileres pasó de 309.000 euros, según la información de 2007, a 1,2 millones en 2008 (+288%) y a 1,7 millones presupuestado para 2009 (+44%).
También aludió a la Consejería de Desarrollo Rural, que gastó 370.000 euros en 2007 y presupuestó 562.000 para 2008; la de Economía, que ha aumentado el presupuesto de alquileres un 111% del pasado año al presente 2009 (de un millón a 2,2); y el Servicio Cántabro de Salud, con un incremento de 95% entre los 79.000 euros de 2007 y los 155.000 de 2008.
En respuesta a todo ello, el consejero de Economía dejó claro que el gasto en alquileres se mantiene en relación a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, ya que sigue representando un 0,27 por ciento de las cuentas regionales, lo mismo que en el año 2002. Y eso que ahora hay más empresas y organismos públicos, en concreto, 16 más, pero sólo nueve pagan alquileres, apostilló.
Según dijo, el crecimiento del gasto en alquileres (que de acuerdo con sus datos, para 2009 supone un presupuesto de 6,8 millones), ha ido "en proporción al aumento de competencias" y de la actividad del Gobierno regional.
Además, echó en cara a los 'populares' que el Ejecutivo se podría ahorrar 3,5 millones de euros anuales en alquileres si el Ayuntamiento de Santander no hubiera "paralizado" el proyecto Moneo; y otros 550.000 euros si el Consistorio no hubiera recurrido el fallo judicial que dio la razón al Gobierno sobre los servicios de recaudación ubicados en el Edificio Triguero, lo cual, tras el nuevo fallo favorable al Ayuntamiento, ha obligado al Gobierno a buscar otra ubicación y a gastar medio millón de euros más al año.
