Izquierda Social y Ecologista acusa a PP, Cámara de Comercio y CEOE de "mentir" sobre la Ley de Costas

Dice que pretenden modificaciones para privatizar espacios de dominio público y pide soluciones individuales para las "pocas" empresas afectadas

Polígono De Raos
EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Actualizado: lunes, 19 marzo 2012 17:24

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha acusado al PP, a la Cámara de Comercio y a la CEOE de "mentir" sobre la aplicación de la Ley de Costas en Cantabria y de "pretender modificaciones para privatizar espacios de dominio público".

En concreto, Iseco asegura que los tres "mienten" cuando dicen que la norma "pone en peligro la supervivencia de cientos de empresas y miles de trabajadores", porque en Cantabria "solo hay unas 80 empresas asentadas total o parcialmente sobre dominio marítimo-terrestre y todas ellas tienen la posibilidad de resolver su situación sin necesidad de dinamitar el articulado de una Ley imprescindible para gestionar ordenadamente el litoral español".

Según precisa Izquierda en un comunicado, el último responsable del PP regional que ha "mentido" al respecto es el diputado Iñigo Fernández, a quien Iseco reta a publicar la lista de esas "cientos" de empresas que, según él, "tendrán que desaparecer en 2018 por tener que revertir sus concesiones de ocupación en el Estado". "El señor Fernández miente o no tiene la menor idea de lo que habla", apostilla Iseco.

Por su parte la Cámara de Comercio "fundamenta todo su discurso" en una encuesta que llevó a cabo en 2010 con una "total falta de rigor, hasta el punto de hablar de 1.200 empresas afectadas por la caducidad de títulos concesionales en 2018 e incluir entre ellas las del polígono de Raos, cuando estas empresas dependen de la legislación portuaria y no de costas".

En la misma línea, Iseco califica de "impresentable" el reciente comunicado hecho público por la Cámara de Comercio en el que pide cambios en la Ley de Costas para hacerla más "sostenible" y con mayor "seguridad jurídica", cuando todas sus propuestas van dirigidas "exactamente a lo contrario, a extender las ocupaciones del dominio público y a impedir la aplicación de un artículo legal vigente desde 1988". "La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido y representa la seguridad de que se conoce lo prohibido, mandado y permitido por los poderes públicos", recuerdan.

Por su parte, la CEOE ha sido la última en participar en la "campaña contra la Ley de Costas" y, en ella, la patronal "vuelve a mentir sobre las concesiones que caducan en 2018 y sus efectos sobre las empresas cántabras".

Pero, además, ha puesto de relieve que "su objetivo es privatizar el dominio público marítimo-terrestre con medidas como aumentar de 30 a 75 años las concesiones de ocupación y excluir del dominio público las salinas y terrenos robados al mar para acuicultura y otros fines".

En su "ambición privatizadora" la CEOE propone respetar los registros de propiedad anteriores a la publicación de la Ley de Costas, cuando la Constitución Española fija en su artículo 132 que las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son de titularidad pública.

Por último Izquierda Social y Ecologista informa que la "inmensa mayoría" de las zonas a devolver al dominio público en 2018 son antiguas marismas aisladas por diques y defiende para las "pocas" empresas afectadas que se les ofrezcan soluciones "caso por caso", promoviendo la desafección de los terrenos ocupados cuando se trate de zonas sin valor ecológico y queden fuera de las zonas inundables previstas por impacto del cambio climático

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