SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha comenzado a notificar a una veintena de imputados en el caso Urdicam el pago de fianzas que en conjunto ascienden a la suma de siete millones de euros y que tienen el plazo de un día para abonar.
En realidad, el auto de fianza es de la misma fecha en que se acordó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el pasado 23 de diciembre, pero no se ha comenzado a notificar hasta estos días a los afectados para que hagan efectivas las cantidades, que se disponen para asegurar las posibles responsabilidades derivadas de esta causa.
Entre ellos se encuentran el alcalde, Fernando Muguruza, el concejal de Obras y ex alcalde Rufino Díaz Helguera, el concejal de Hacienda --ahora alcalde en funciones por la prisión de Muguruza-- José Miguel Rodríguez López, el ex secretario municipal César Sáiz, entre otros concejales, ex concejales, funcionarios y empresarios a los que se pide una fianza de tres millones de euros por la construcción del edifico Urdicam, a los que se suma otro medio millón de euros por la tramitación de la construcción del edificio Promociones Cotolino. Otros cuatro imputados acumulan fianzas por valor de 3,5 millones de euros.
En total, por este caso se imputó a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio dentro del conocido como caso Urdicam.
Las imputaciones se corresponden con las presuntas irregularidades que se sucedieron en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, así como en la venta de las viviendas pese a la supuesta ilegalidad de las construcciones, al modificar el Plan General, al aprobar los estudios de detalle, al conceder las sucesivas licencias y en sendos proyectos de reparcelación y de urbanización.
Según aquel auto, el Ayuntamiento, en marzo de 2003, aprobó de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) --que ha recibido hasta cinco informes en contra de la CROTU--, permitiendo construir viales en suelo que debía reservarse a equipamiento público y eximiendo a los promotores de nuevas cesiones de suelo para compensar por la ejecución de los viales.
Por otra parte, en relación a este caso, se rechazan los 14 recursos que contra su imputación presentaron el ex secretario municipal, dos promotores, cuatro técnicos municipal y de las empresas y ocho concejales.
Asimismo, se confirma que el partido La Unión actué como acusación, mientras que se rechaza la pretensión del ex interventor municipal Fernando Urruticoechea, de ser acusación particular, manteniéndosele como acusación popular.
