El Gobierno remitirá lo antes posible al Parlamento el proyecto de ley de la Agencia de Consumo de Cantabria
SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta Arbitral de Consumo de Cantabria recibió el pasado año un total de 2.212 solicitudes de arbitraje, un 7,85 por ciento más que en 2006, y alcanzó la mayor tasa de peticiones de mediación por habitante de toda España. La mayor parte de las solicitudes estaban relacionadas con servicios de telefonía y telecomunicaciones, que concentraron prácticamente el 40 por ciento.
El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, acompañado del presidente de la Junta Arbitral, Jorge Tomillo, y del director general de Comercio y Consumo, Fernando Toyos, presentó hoy el balance de actividad de 2007, un año en el que, en palabras de Agudo, se alcanzaron unos "resultados extraordinarios", tanto en solicitudes de mediación recibidas, como en incorporación de nuevas empresas al sistema.
De las más de 2.200 solicitudes recibidas, 1.200 tuvieron que ser archivadas porque los empresarios no aceptaron el arbitraje, mientras del resto, en 564 casos se resolvieron a través de mediación de forma satisfactoria y en otros 418 casos se resolvió por laudo arbitral.
De los laudos dictados el pasado año, que suponen un 27,44 por ciento más que en 2006, prácticamente el 51 por ciento supusieron estimar total o parcialmente las peticiones de los consumidores, algo más del 38% fueron desestimatorios y algo más del diez por ciento fueron conciliatorios, al llegar las partes a un acuerdo en el acto de audiencia.
Casi la totalidad de los laudos (el 99,76%) se dictaron por unanimidad de los miembros del respectivo colegio arbitral y, hasta la fecha, ninguno de los laudos dictados en la historia de la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria han sido revocados por la Audiencia Provincial, que es la encargada de controlar los laudos dictados. El cien por cien de los laudos se cumple en una media de quince días y el importe medio es de 197,45 euros.
Por sectores, el más conflictivo en 2007 volvió a ser el de telefonía y telecomunicaciones, que concentró el 39,96% de las solicitudes de arbitraje, frente al 21,35% que representó en el año anterior. A continuación se situaron las reclamaciones relacionadas con los sectores de gas y electricidad (el 7,1% del total), el automóvil (6,65%) y los viajes y transportes (un 4,7%).
También fueron numerosas las peticiones relacionadas con la vivienda, aunque bajaron casi un cinco por ciento respecto a 2006 y representaron el 4,84% del total. En estos casos, el 90% de las peticiones de mediación estaban relacionadas con defectos de construcción.
TRAMITACIÓN.
El tiempo medio de tramitación de los expedientes fue de dos días y la resolución de las solicitudes se situó para algunos sectores en tres meses, un objetivo que se pretende alcanzar para el conjunto de las peticiones de mediación (en 2003 la media era de 18 meses). Por ahora se ha logrado ya en las solicitudes relacionadas con automoción y construcción.
En cuanto a los cauces de recepción de las solicitudes, algo más del 54% se recibieron directamente en la Dirección General de Comercio y Consumo; un 4,16% se presentaron a través de asociaciones de consumidores; y un 41,5% se presentaron en otros organismos públicos, principalmente las oficinas municipales de información al consumidor, pero también otras administraciones como el Gobierno de Navarra, la Subdelegación de Gobierno de Vizcaya y la Junta de Castilla y León.
Por origen, las solicitudes presentadas afectaron a 79 municipios de la región, liderados por Santander (599), Torrelavega (562), Camargo (194), Castro Urdiales (62) y Piélagos (62).
Y en cuanto al número de empresas adheridas al sistema, se registró un incremento "muy significativo", con 171 adhesiones durante 2007, lo que eleva la cifra total de empresas a 1.476. Esto supone que el número de empresas adheridas al sistema se ha multiplicado por cuatro en dos años gracias, según Agudo, a una campaña intensa realizada desde el Gobierno para fomentar la adhesión.
MÁS ECONÓMICO Y RÁPIDO QUE LA JUSTICIA.
Para el consejero de Economía, todos estos datos, unidos a la gratuidad del sistema y la agilidad frente a los procesos judiciales, colocan al sistema arbitral de consumo en una "situación de privilegio frente a la vía judicial, que es más cara" y tiene unos plazos de resolución "muchísimo más elevados".
Según dijo, estos resultados no son "casualidad", sino resultado de una "vocación política" del Gobierno para dar a la Junta Arbitral de Consumo y al conjunto de las políticas de consumo una "dimensión desconocida" hasta la llegada del PSOE al Gobierno.
En esa misma línea de buscar una "nueva dimensión" para el consumo, destacó que el Gobierno está "en condiciones" de presentar "en un breve" espacio de tiempo el proyecto de ley para crear la Agencia de Consumo de Cantabria.
Según dijo, el proyecto se remitirá al Parlamento "en el menor plazo posible" y su objetivo será dar una dimensión "nueva y más potente" a la política de consumo, ya que el Gobierno quiere ser "innovador y pionero" y situarse a la "vanguardia" en consumo.
