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"Cantabria necesita invertir en movilidad, no dilapidar recursos públicos en promoción aérea", sostienen SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las Mesas de Movilidad (la de la Bahía y la del Besaya) han tildado de "disparate" la cantidad que el Gobierno de Cantabria destina a contratar, a través de Cantur, promoción turística en aerolíneas, y sostiene que Cantabria "necesita invertir en movilidad, no dilapidar recursos públicos en promoción aérea".
Lo ha afirmado en un comunicado tras la licitación del contrato de servicios de publicidad para acciones promocionales y de márketing en soportes y medios de compañías aéreas dirigidas a mercados nacionales, con un valor estimado de 14,1 millones (sin IVA), a razón de 2,94 millones anuales y con una duración máxima de cuatro años.
Se estructura en tres lotes: uno para el mercado de Andalucía (Sevilla, Jérez y la novedad de Córdoba), otro para mercados estivales de Ibiza, Mahón (Menorca) y Almería, y el último para Barcelona.
A juicio de las Mesas de Movilidad, este contrato en licitación constituye "otro ejemplo de las prioridades equivocadas del Gobierno de Cantabria".
Además, consideran que "ejemplifica una política que destina recursos públicos a estimular el negocio turístico sin justificar suficientemente su rentabilidad social y ambiental".
Aunque reconocen que este importe es una previsión de contratación, no una cantidad ya abonada, creen que "expresa con claridad la magnitud de los recursos públicos que se pretenden comprometer".
Además, han apuntado que, "aunque estos pagos se articulen formalmente como contratos publicitarios, su finalidad merece un debate público": "Se emplea dinero de todos y todas para estimular la llegada de visitantes y favorecer una actividad comercial cuyos beneficios se concentran en determinados operadores, mientras sus costes ambientales y territoriales recaen sobre el territorio y el conjunto de la sociedad", han denunciado.
Las Mesas de Movilidad sostienen que la denominación de promoción turística "no exime de demostrar la necesidad, la proporcionalidad y el beneficio colectivo del gasto empleado".
Además, han explicado que esta denuncia se extiende al modelo de captación de turismo nacional e internacional mediante financiación pública del transporte aéreo, aunque la licitación conocida se refiera exclusivamente a mercados nacionales.
Creen que el Gobierno regional "debe explicar hasta dónde llega esta política, cuánto cuesta en su conjunto y qué resultados ofrece más allá del aumento de pasajeros y pernoctaciones".
"Cantabria no necesita comprar turistas a cualquier precio. Necesita una política que respete la capacidad de acogida del territorio, proteja sus espacios naturales y garantice que la actividad turística mejore las condiciones de vida de quienes residen aquí", han aseverado.
Y es que para las Mesas, "celebrar cada incremento de visitantes sin evaluar sus consecuencias sobre la vivienda, el agua, los residuos, la movilidad o los servicios públicos es una huida hacia adelante y forma irresponsable de gobernar".
A su juicio, resulta "especialmente contradictorio" presentar Cantabria como un destino sostenible y, al mismo tiempo, destinar recursos públicos a incentivar desplazamientos aéreos "sin hacer pública una evaluación suficiente de sus emisiones y de las alternativas disponibles".
"La sostenibilidad no puede limitarse a un eslogan publicitario mientras el presupuesto alimenta un crecimiento turístico sin límites explícitos", han apuntado.
Han opinado que captar clientela para el mercado turístico general "no ofrece por sí solo esa justificación social". "El dinero público no debe convertirse en una garantía permanente de demanda para aerolíneas y negocios turísticos. La expectativa de que los visitantes gasten dinero no basta para acreditar que cualquier ayuda resulte conveniente para Cantabria", han mantenido.
PIDE LA "REVISIÓN" DE LA FINANCIACIÓN DE LA CAPTACIÓN TURÍSTICA AÉREA
Por ello, han reclamado al Gobierno la "revisión" de esta licitación y de la política de financiación de la captación turística aérea.
Considera que cualquier gasto debe quedar "condicionado" a "una justificación pública, verificable e independiente de su interés general".
También han reclamado la publicación conjunta de todos los contratos y ayudas vinculados a rutas nacionales e internacionales, con sus importes, beneficiarios, obligaciones y resultados.
Y exigen, además, una evaluación del balance social y ambiental que incorpore las emisiones, los costes para los servicios públicos, la estacionalidad y la calidad del empleo generado y la reorientación de los recursos hacia el transporte público cotidiano, la conservación del patrimonio natural y el turismo social accesible, con especial atención a las personas mayores y a quienes disponen de menos recursos.
"El Gobierno de Cantabria debe dejar de confundir el éxito del sector turístico con el bienestar de toda la comunidad porque gobernar no consiste en llenar aviones con dinero público sino en decidir qué necesidades merecen atención y qué modelo de territorio se quiere preservar", han defendido.
