El resto de grupos cree que el Ejecutivo regional no dispone de fondos para poder pagarlas este ejercicio
SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP se ha quedado solo este lunes en el Parlamento de Cantabria en su petición al Gobierno regional de pagar a los ganaderos en seis meses los dos millones de las ayudas a la vaca nodriza pendientes de 2009 y 2010 al considerar que el Ejecutivo regional que no tiene recursos suficientes para afrontarlo en este ejercicio y creer que la iniciativa de los 'populares' tiene un "tono destructivo", es un ejercicio de "cinismo" y busca "atacar" al bipartito PRC-PSOE.
Así se lo han trasladado en el Pleno al PP los portavoces de los otros grupos para justificar su voto en contra (PSOE, PRC y Ciudadanos) o su abstención (Podemos), que han hecho que la iniciativa haya sido rechazada.
Podemos había presentado una enmienda que modificaba la proposición no de ley del PP sobre este asunto para, en lugar de los seis meses que planteaban los 'populares' como plazo máximo para abonar estas ayudas, pedir que se haga frente a este gasto con el presupuesto de 2017.
Sin embargo, el PP no ha aceptado esta enmienda al considerar que, aunque "bienintencionada" es de "crédulos". "Y yo ya no puedo creer al consejero", ha dicho el diputado 'popular' Luis Carlos Albalá en alusión al titular de Medio Rural, Jesús Oria (PRC).
Albalá ha opinado que aceptar la enmienda de Podemos significaría "probablemente perder un año" y ha insistido en que su grupo "no confía" en Oria como para "fiarlo" todo al presupuesto de 2017.
La negativa del PP a la enmienda de Podemos ha motivado, a su vez, el 'no' de Ciudadanos (C's), que ve en el hecho de que los 'populares' exijan al Gobierno abonar estas ayudas cuando --ha dicho-- el Ejecutivo regional "no tiene" los recursos para hacerlo una "acción" de los 'populares' para usar a los ganaderos como "arma política" para "atacar" al actual bipartito.
El PSOE, por su parte, ha considerado la iniciativa un "nuevo ejercicio de cinismo del PP" y el "paradigma" de la utilización que los 'populares' hacen de las situaciones "no en beneficio de los ciudadanos sino en interés de su rédito electoral".
Los socialistas, y también el PRC, han afirmado que las ayudas a la Prima Nacional Complementaria a la Vaca Nodriza que se concedían en un determinado ejercicio se abonaban a los dos años y por tanto han asegurado que las de 2009 y 2010, que son las que reclama Albalá, deberían haberse abonado en la pasada legislatura (2011-2015), en la que el que gobernaba Cantabria era el PP.
Además, el regionalista Fernando Fernández ha criticado que el PP reclame el abono de estas ayudas tras haber protagonizado el "mayor recorte" al sector primario y ha asegurado que el actual bipartito está dedicando los recursos a paliar el "daño social" que, a su juicio, han causado las políticas de los 'populares' a los cántabros en sus cuatro años de gobierno.
El PRC ha pedido un apoyo de "todos" los partidos hacia el sector primario para hacer frente al "complejo" problema que padece y ha subrayado la necesidad de elaborar "políticas de futuro" para el sector y de contar con líneas de financiación para nuevas iniciativas dentro de él.
Además, Fernández se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el Gobierno regional "se va a volcar" en el próximo ejercicio con el sector primario para "recuperar" las ayudas que el PP "quitó" y pagarlas "con celeridad".
Tras escuchar a los grupos, el PP ha asegurado que las ayudas se cobraban en el ejercicio siguiente a ser concedidas, y no a los dos, y ha insistido en que el Ejecutivo regional tiene recursos para abonar los dos millones pendientes en este ejercicio.
En este sentido, Albalá ha propuesto al Gobierno de Cantabria que use el "plus de gasto" que permitirá la relajación del ejercicio de déficit anunciado por el Gobierno central para las comunidades autónomas para pagar estas ayudas en el presente ejercicio.
El debate de esta iniciativa del PP ha coincidido con la manifestación de cientos de ganaderos --600, según los organizadores-- frente al Parlamento regional para exigir al Gobierno y a los grupos parlamentarios soluciones a los problemas del sector ante la "inacción" de la Administración.
