Oposición logra que el Pleno pida que se repitan pruebas y se cambien requisitos en las plazas del Puerto

Publicado 17/12/2018 19:09:37CET

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición parlamentaria (PP, Podemos y los dos diputados del grupo mixto) ha forzado, en contra del criterio de los grupos que sustentan al Gobierno regional (PRC y PSOE), la aprobación en el Pleno de una iniciativa para pedir que se repitan algunas pruebas convocadas para cubrir determinadas plazas en el Puerto de Santander y se modifiquen algunos de los requisitos exigidos para las mismas.

Estos grupos de la oposición han coincidido en criticar este polémico proceso y lo han tildado de "escandaloso", "arbitrario" y "despropósito". "Da para una serie de televisión mala", ha dicho el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, en el Pleno de este lunes.

Las bases de estas plazas y cómo se ha llevado a cabo todo el proceso de selección han generado polémica y ha sido recurrido, aunque aún no ha sido resuelto.

De hecho, el PP cree que debería suspenderse toda la convocatoria hasta, al menos, se resuelvan los recursos presentados y considera que si esto no ocurre se debiera de dar "algún paso más".

La iniciativa aprobada en el Pleno ha sido presentada por Podemos y, en ella, se aludía a algunos de los requisitos exigidos para las plazas de responsable de la Oficina de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Santander; la de responsable de Comunicación e Imagen, o la de responsable de Sistemas de Información y Comunicación.

Así, por ejemplo, se criticaba que en el concurso oposición para la plaza de responsable de Oficina de la Secretaría General del Puerto se pidiera el permiso de conducir.

De hecho, en la iniciativa, se pide que el Gobierno de Cantabria que ejerza sus "funciones de control" en el ámbito de la Autoridad Portuaria e instar al Ejecutivo central a, entre otros aspectos, "eliminar como requisito imprescindible de las bases de todas las convocatorias en las que la conducción de un vehículo a motor sea parte fundamental del desempeño de sus funciones, contar con el permiso de conducción B".

Y es que ello se considerara "discriminatorio", atendiendo a la, a su juicio, "no necesidad" del mismo para la realización de las tareas de los puestos ofertados.

También se pedía que se introdujera como titulación exigible para la plaza de Responsable de Sistemas de Información y Comunicación recientemente ofertada la de Ingeniería de telecomunicaciones y la licenciatura de Periodismo y Comunicación Audiovisual para la de responsable de Comunicación.

Además, se quiere que desde el Gobierno se inste al Ejecutivo central a establecer métodos o formas de corrección para las pruebas y que hayan sido publicados anteriormente en las bases de la convocatoria y también que se repitan algunas pruebas psicotécnicas de una de la plaza de jurídico después de que éstas estuvieran a la venta en internet, según ha denunciado Podemos.

Por su parte, PRC y PSOE han votado 'no' y han señalado que las "directrices" de esta convocatoria de plazas es decisión de Puertos del Estado y han opinado que "no parece adecuado" que el Parlamento se "inmiscuya" en ello.

Además, Francisco Ortiz (PRC) ha afirmado que el proceso "no ha sido impugnado por nadie" hasta que no han salido los resultados que --ha añadido-- "no han sido del gusto" de algunos aspirantes.

PLAN DE VIVIENDA

Por otra parte, en el Pleno, la abstención de Ciudadanos (Cs) ha evitado que saliera adelante una iniciativa del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a remitir a la Cámara regional el Plan de Vivienda 2018-2021 y que había sido apoyada por el resto de la oposición.

Esta moción --que ha quedado rechazada al contar con 17 votos a favor (PP, Podemos y el del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio), 17 en contra (PRC y PSOE) y la abstención del parlamentario de Cs, Rubén Gómez-- reclamaba que el Ejecutivo remitiera dicho Plan al Parlamento antes de que recibiera la luz verde en el Consejo de Gobierno, algo que ya no era posible dado que éste lo aprobó ya el pasado 13 de diciembre.

El diputado del grupo parlamentario popular y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, Carrancio y el podemita Alberto Bolado han coincidido en la necesidad de que dicho Plan debiera debatirse en el Parlamento por la importancia que tiene este documento.

Por su parte, el PSOE ha votado 'no' y ha defendido que el proceso de elaboración del Plan de Vivienda ha sido "participativo" y ha contado con la intervención del Observatorio de la Vivienda.

El PRC ha presentado una enmienda a la moción del PP, que no ha sido admitida, en la que se instaba al consejero del área, el regionalista José María Mazón, a comparecer en comisión "para explicar los principios, contenido y medidas del Decreto que aprueba el Plan de Vivienda de Cantabria".

Además del hecho de que el Plan no se debata en el Parlamento, Rodríguez Argueso ha aludido al coste de la elaboración del Plan de Vivienda, que, según ha dicho, asciende a 188.000 euros. "Más de mil por página", ha aseverado.

Y lo ha contrapuesto con el coste que tuvo el Plan que elaboró, pero no aprobó, el anterior Gobierno del PP y que, según ha dicho, se limitó al "trabajo de dos empleados públicos".

El Plan está dotado con 89 millones de euros hasta 2021 y a través de él se llevarán a cabo diferentes planes y medidas para atender situaciones de emergencia habitacional, incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda, fomentar la fijación de población joven en el ámbito rural, promover la rehabilitación o contribuir a la reactivación del sector inmobiliario. El Ejecutivo estima que se movilizarán más de 225 millones.

SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

También, el Pleno ha rechazado, con los votos de PRC, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, una moción de Podemos que pedía revisar de oficio las subvenciones de más de 15.000 euros concedidas a las federaciones deportivas entre los años 2015 a 2018, en particular a la Federación de Vela, y proceder a su revocación en caso de incumplimiento de la justificación.

La portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha afirmado que en el caso de la Federación de Vela es "palmario que hay irregularidades" y ha reiterado, como ya hizo la semana pasada, que las llevará a la Fiscalía. Según asegura, se trata de "facturas sin numerar, no incluidas en la contabilidad de la entidad y por conceptos no subvencionables" que ascenderían a 55.500 euros, de los 60.000 concedidos.

"No cuenten con el PSOE para que crezca esta caza de brujas", ha replicado a Ordóñez el portavoz de este partido, Víctor Casal, quien ha explicado que la Dirección general de Deporte ya ha incoado y resuelto el expediente de reintegro correspondiente al año 2017 a la Federación Española de Vela y está pendiente el de 2016 que se encuentra en fase de alegaciones como consecuencia del informe de fiscalización. "Cuando se resuelva, si procede, se iniciara expediente de reintegro o no en función de las conclusiones", ha apostillado.

Por su parte, la regionalista Teresa Noceda ha afirmado que "por supuestas y puntuales sospechas no acreditadas" no se debe poner en marcha un procedimiento "tan dramático" como una revisión de oficio de las subvenciones de las federaciones, que se verían "cuestionadas" en su actuación, con la "incertidumbre e inseguridad jurídica" que ello conlleva.

Por parte del PP, que ha optado por la abstención, la exatleta Ruth Beitia, ha pedido a la Consejería de Deportes, que dirige el socialista Francisco Fernández Mañanes, que se "ponga las pilas" y conceda las subvenciones "en tiempo y forma" porque las federaciones y clubes "llevan los últimos tres años haciendo el pino con las orejas", y "sin saber aún qué van a recibir en 2018".

El único que ha votado a favor ha sido Carrancio, quien ha señalado que se trata de "acusaciones muy graves" y que el Gobierno debería ser "el primer interesado en saber qué ha ocurrido".

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