El PP acusa al Gobierno de "elevar los impuestos a las familias", a pesar del compromiso de Revilla en su investidura de no hacerlo
SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Medidas Fiscales y de contenido Financiero que acompaña a los presupuestos de Cantabria para 2007 quedó aprobada hoy definitivamente en el Pleno del Parlamento regional con el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE y PRC) y el voto en contra del PP. Previamente fueron rechazadas las 19 enmiendas que planteaba la oposición al documento.
La norma revisa varias tasas, incorpora cambios en la legislación tributaria e introduce modificaciones en total en cinco leyes, una de ellas para incrementar un 3,7% el canon de saneamiento.
Las modificaciones afectan a las leyes de Tasas, de Saneamiento y Depuración, de Régimen Jurídico, de Función Pública y del Suelo. En este último caso supone modificar las obligaciones de los promotores de los proyectos singulares de interés regional, que ahora estarán "sometidos" al cumplimiento de los deberes urbanísticos, de los que quedaron "exonerados" en una modificación previa de la Ley del Suelo a través de la Ley de Acompañamiento del año 2005.
La diputada 'popular' Sofía Juaristi denunció que la de 2007 "no es una buena Ley de Acompañamiento" y aseguró que en ella "se elevan los impuestos a todas las familias" cántabras, en contra de la promesa realizada por el presidente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, en su investidura.
Según dijo, con las modificaciones que se plantean en esta ley se incrementa la tasa del canon de saneamiento de manera "desproporcionada" y se sube también (un 17%) la tasa que deben pagar los ayuntamientos por la gestión final de residuos urbanos. En opinión de Juaristi, esto obligará a las corporaciones a subir también los impuestos que cobran a sus vecinos por el servicio de basuras.
Pero al margen de estas críticas a aspectos concretos de la ley, la diputada del PP recriminó al Gobierno y a los grupos parlamentarios que lo apoyan por no seguir las "recomendaciones" del Consejo de Ministros sobre la desaparición de las leyes de acompañamiento, ni cumplir la "promesa" realizada hace un año en el Parlamento cántabro por el PSOE de pedir al Gobierno regional la eliminación de dicha ley.
Desde su punto de vista, la Ley de Acompañamiento de 2007 "contiene errores manifiestos de título, de estructura y de contenidos", pero además el Ejecutivo cántabro "lleva cuatro años acumulando errores" con modificaciones legislativas en sucesivas leyes de acompañamiento y eso provoca "situaciones de inseguridad jurídica".
"Vuelvan ustedes a los orígenes. No arreglen nada, dejen las cosas como estaban cuando se las encontraron", reclamó Juaristi, quien se confesó "defraudada" por la falta de "nivel y categoría" de algunas de las leyes que se aprueban en la Cámara.
"INCONGRUENCIA POLÍTICA"
Sin embargo, el portavoz socialista, José Guerrero, criticó el "ejercicio de demagogia e incongruencia política" realizado por el Partido Popular que, según dijo, en sus gobiernos también modificaba leyes y creaba tasas a través de la ley de acompañamiento y no abordó entonces la reforma de la Ley de Tasas que reclama ahora. Por ello, conminó a los diputados a hacer un "ejercicio" para que los ciudadanos que siguen el debate parlamentario no les vean diciendo "tonterías".
Respecto a la subida del canon de saneamiento, lo justificó por la necesidad de adecuar la tasa al coste real del servicio, una idea que refrendó la regionalista Rosa Valdés, quien coincidió también con Guerrero en que las enmiendas del PP a la Ley de Acompañamiento eran una "enmienda a la totalidad encubierta".
Tras defender la ley, porque dotará al Gobierno de mayor "agilidad y eficiencia en la gestión" y de mayor "claridad normativa", Valdés reconoció que la tarea del Partido Popular es "muy complicada", porque tiene que convencer ahora de que es mala una ley que utilizó durante sus gobiernos. "Lo bueno o lo malo desde su óptica depende de si están en la oposición o en el Gobierno", recalcó.
LEY DEL SUELO
En cuanto a la modificación de la Ley del Suelo, que fue uno de los aspectos que suscitó más debate, Sofía Juaristi consideró que es una "clarísima marcha atrás" del Gobierno ante el "varapalo" que podría recibir de lo contrario por parte del Tribunal Constitucional a raíz del recurso que interpuso el PP sobre la modificación de los proyectos singulares de interés regional (PSIR).
Sin embargo, Rosa Valdés recalcó que no se está "rectificando nada". "No tenemos miedo al Constitucional", apuntó la diputada, al tiempo que recordó que los PSIR no son un plan general y, por tanto, "se necesita regular los deberes del promotor".
