SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide cinco años de prisión para un administrador de fincas que, entre los años 2000 y 2002, se apropió de más de 210.000 euros de las cuentas bancarias de 15 comunidades de vecinos que gestionaba en Laredo y Colindres.
El acusado, LF.C.F., era el socio mayoritario de la mercantil 'Administración de Fincas Castel SL', situada en Laredo. Como carecía de la titulación correspondiente para ejercer de administrador, montó la empresa junto con otro socio, que sí estaba colegiado como administrador y que también está imputado.
No obstante, el fiscal sólo pide que éste sea responsable subsidiario en caso de que el principal acusado no haga frente a las indemnizaciones ya que, según indica, no obra en la causa "prueba alguna de su participación a título lucrativo de la apropiación indebida indiciariamente cometida por su socio".
Y es que, según explica en su relato de los hechos, LF.C.F. era el gestor único de la empresa y, a pesar de carecer de la titulación correspondiente, era quien trataba con los clientes y desempeñaba directamente la labor de administrador.
En el ejercicio de esta tarea y con el "ánimo de obtener un beneficio ilícito", entre los años 2000 y 2002 se apoderó de "gran parte del dinero" de las cuentas bancarias de 15 de las comunidades de vecinos que gestionaba, "desviándolo y utilizándolo para sus propios fines".
Según indica el fiscal, LF.C.F. retiró el dinero de las cuentas de esas comunidades "principalmente a través del libramiento de cheques al portador contra las cuentas comunitarias, así como a través de cargos en cuenta que no se aplicaron al pago de deudas realmente contraídas por las comunidades afectadas".
Sólo dos comunidades de vecinos fueron indemnizadas por los bancos en los que tenían las cuentas, pero no por la cantidad total defraudada sino sólo por la que fue retirada a través del libramiento de talones por Fincas Castel SL y que no cumplían los requisitos de firma pertinentes.
Por estos hechos, además de los cinco años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, el Ministerio Público pide a LF.C.F. una multa de 5.400 euros y la devolución de las cantidades defraudadas a cada una de las 15 comunidades de Laredo y Colindres.
Asimismo, el fiscal reclama que las tres compañías aseguradoras que la empresa Fincas Castel SL tuvo contratadas entre los años 2000 y 2002 respondan "directa y solidariamente" junto al acusado a la hora de devolver las cantidades a las comunidades afectadas.
Además, el otro imputado, el socio minoritario de la empresa, y la propia sociedad Fincas Castel serán responsables subsidiarios en caso de que LF.C.F. o las entidades aseguradoras no puedan hacer frente a la devolución del dinero.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria celebrará el juicio por estos hechos, una vista que se prolongará durante casi todo el mes de noviembre. Comenzará el próximo lunes, 9 de noviembre, con las cuestiones previas y la declaración de los acusados --LF.C.F. y su socio, al que las acusaciones particulares sí consideran responsable--.
El juicio continuará los días 10, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre y, debido al gran número tanto de abogados como de testigos que pasarán por la sala, se desarrollará en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en el complejo judicial de Las Salesas.
