Piden seis años de cárcel para el apoderado y para el accionista de una inmobiliaria por estafa

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha pedido una pena de seis años de cárcel para el apoderado y el accionista de una inmobiliaria que, supuestamente, estafaron a la compradora de un inmueble y se quedaron con los 48.000 euros que les entregó para la compra y para la rehabilitación del mimso.

Serán juzgados por el próximo martes, 7 de mayo, Sección Primera de la Audiencia Provincial, a partir de las 9.30 horas.

Según relata el escrito del fiscal, la empresa, llamada Artufer, se constituyó para llevar a cabo la rehabilitación de un edificio y vender, posteriormente, las viviendas resultantes.

Uno de los acusados, G.C.P.C, figuraba como apoderado y el otro, A.F.M., como accionista único de la empresa.

En mayo de 2005, el apoderado vendió un inmueble situado en el número 27 de la calle García Lomas, en Molledo, en un contrato privado a una mujer afirmado que éste era propiedad de Artufer "cuando no era cierto" ya que pertenecía al accionista principal, A.F.M. pero no había sido transmitido a la empresa.

La compradora pagó un total de 48.000 euros, 30.000 a la firma del contrato, en mayo de 2005, y 18.000 en febrero del año siguiente para destinarlos a la remodelación del mismo.

Según el relato del fiscal, las obras nunca se efectuaron y ante los requerimientos de la mujer que lo había adquirido, "los acusados pusieron diferentes excusas" que hicieron que esta intentase que se le otorgase escritura pública de venta por vía judicial que no consiguió ya que el titular del inmueble era una persona distinta, A.F.M., a la que firmó el contrato privado, Artufer SL.

Entonces, la compradora tuvo que solicitar la resolución del contrato con esta empresa, que fue condenada a hacerlo y a reintegrar los 48.000 euros que había recibido.

Sin embargo, a pesar de ello, la mujer ninca consiguió recuperar el dinero porque, según señala el fiscal, los acusados "desde el primer momento no tuvieron otro designio que hacer suyos todos los ingresos recibidos.

Estos socios recibieron diferentes embargos, todos ellos por deudas de A.F.M, lo que llevó a que la propietaria perdiese la vivienda, ya que el acusado era el titular, y el dinero entregado.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que pide para cada uno de los acusados la pena de tres años de cárcel y les condena a indemnizar de forma conjunta y solidaria con los 48.000 euros que pagó.

La acusación particular, que representa a la compradora, amplía su petición por este delito a cuatro años de cárcel para cada acusado y reclama que se les condene a pagar un multa de 4.500 euros, además de la indemnización de 48.000 euros por lo abonado por la mujer.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de ambos socios.

La del accionista, A.F.M., ha mostrado su disconformidad con el relato del Ministerio Fiscal y de la acusación particular y con la calificación jurídica que, a su juicio, es "carente de objetividad" de los hechos que se produjeron.

Asegura que "no existe delito ni falta", y por tanto tampoco hay autoría ni responsabilidad civil, por lo que pide la libre absolución.

La defensa del apoderado mantiene que los hechos denunciados son "radicalmente falsos" y sostiene que su cliente "no se apropia de cantidad alguna" ya que interviene por cuenta de la empresa, que a donde van los 48.000 euros.

Argumenta que hay una condena en un juicio civil a Artufer por esa cantidad, una causa en la que no es parte.

Afirma que "las obras se realizaron y la empresa gastó el dinero en la rehabilitación de esa vivienda y asegura que la compradora "conoce desde el primer momento" que el inmueble está a nombre del A.F.M, y que este es el dueño al 100% de Artufer.

Por eso, señala que su cliente no es autor del delito y pide la absolución.