Los grupos parlamentarios se felicitan de que se apruebe en el Día Mundial del Medio Ambiente SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) - El Pleno del Parlamento cántabro aprobó esta tarde la Ley de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria, una norma que obligará a adecuar las instalaciones de iluminación exterior en el plazo de ocho años para reducir las emisiones de luz al cielo nocturno. El texto logró el apoyo unánime de los tres grupos en la mayor parte de los artículos, salvo en tres de ellos que el PP votó en contra porque no se admitieron las enmiendas que defendió esta tarde en la Cámara. El consejero de Medio Ambiente, José Ortega, destacó que se trata de una ley "innovadora", porque Cantabria es la cuarta comunidad autónoma que se dota de una norma de estas características, pero a la vez "prudente" y "sencilla", que no regula "más allá de los justificable y seguro" en el momento actual y encomienda la concreción de distintos aspectos al reglamento que el Ejecutivo deberá elaborar en el plazo de un año. Con esta norma se quiere "garantizar el uso correcto" de las instalaciones de iluminación y reducir, tanto el consumo energético, como los efectos de la contaminación lumínica, abordando las obligaciones estipuladas desde el "respeto" al ámbito municipal, al que se concederán competencias en materia de prevención y aplicación de sanciones, explicó el consejero. La Ley de Prevención de Contaminación Lumínica, a la que se han incorporado distintas modificaciones en su tramitación parlamentaria que, según Ortega, la han mejorado "razonablemente", consta de 22 artículos, tres disposiciones adicionales, dos transitorias y cinco finales. Afectará fundamentalmente al alumbrado público, pero también a las demás instalaciones o elementos de iluminación exteriores o incluso interiores si inciden y suponen una "intrusión" en el exterior. Se dará un plazo de ocho años para adecuar estas instalaciones, un plazo que el consejero calificó de "prudente y razonable". Para quienes no cumplan las indicaciones la ley prevé tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves, con importes que oscilan entre los 150 y 750 euros en el caso de las leves; entre 751 y 3.000 euros para las graves; y entre 3.001 y los 30.000 euros para las sanciones muy graves que, además, pueden conllevar la desconexión y precinto de la instalación. Los fondos recaudados a través de sanciones, unidos a otras aportaciones con cargo a los presupuestos y recursos de otras administraciones, servirán para crear un fondo económico con el fin de apoyar campañas de sensibilización, divulgación y educación ambiental y establecer ayudas de cara a la adecuación de las instalaciones.
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Los grupos parlamentarios se felicitaron esta tarde del hecho de que la aprobación de esta ley coincida con la celebración hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el PRC, Rafael de la Sierra destacó que se trata de una norma "eficaz" que "ha quedado redonda" y que evidencia que el pacto de Gobierno PSOE-PRC cumple su compromiso de defensa de los derechos ciudadanos y racionalizar el gasto. Subrayó igualmente el "rigor" con que se ha propuesto del Gobierno y rechazó que el Partido Popular quiera "reivindicar su maternidad".
Por su parte, la diputada 'popular' María Luisa Peón, tras mostrar su "decepción" por esta crítica de Rafael De la Sierra, aseguró que la intervención del portavoz regionalista ha sido la que realmente ha estado llena de "reivindicación de medallero". En cualquier caso, reconoció que la ley se ha "mejorado" en el trámite parlamentario, aunque apostó por "redondear" algunos aspectos y vencer la "resistencia" de PSOE y PRC a dar la razón a la oposición en las enmiendas no aprobadas, aunque tenga razón.
Según dijo, con esas enmiendas pretendían corregir lo que el consejero llamó "prudencia" pero, a su juicio, es "falta de compromiso". Reclamó, por ejemplo, que no se dejen tantas cuestiones pendientes del desarrollo reglamentario porque, dada la "pereza" con la que aborda el Gobierno habitualmente esos desarrollos, lo idóneo sería dejarlo ya garantizado en la ley. También pidió que se recogiera expresamente la "obligación" del Gobierno en relación al sistema de ayudas, de forma que se comprometa por ley la convocatoria anual de una orden de ayudas para los ayuntamientos.
Finalmente, el diputado del PSOE Javier García Oliva recalcó que la ley sale "reforzada" del Parlamento y su objetivo "no es iluminar menos, sino iluminar mejor". Consideró que es "sencilla", "innovadora" y en algunos de sus aspectos "posiblemente la más avanzada de las que existen".
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