La oferta de la Autoridad Portuaria para que el Ejecutivo asuma la encomienda de gestión fue desestimada
SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha anunciado hoy en el Pleno que el Gobierno cántabro tiene "prácticamente finalizado" el anteproyecto de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura Marítima, sólo a falta de "algún pequeño informe del Servicio Jurídico", por lo que estaría listo para tramitarse en la siguiente legislatura.
Así lo indicó De la Sierra durante la votación de la enmienda a la totalidad, presentada por el PP, al proyecto de Ley de Cantabria 7/1997, de 30 de diciembre, por el que se modifica la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que regula las infracciones en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, que fue rechazada con los votos en contra de los parlamentarios socialistas y regionalistas.
La diputada del PP Gema Díaz Villegas expuso que dicha modificación pretende sólo "mínimas adaptaciones" a las infracciones, por lo que es necesario que "Cantabria se dote de una ley" de "ordenación, fomento y control", como "ya han hecho con otras comunidades autónomas" del litoral.
En este sentido, Díaz Villegas pidió al Gobierno "un trabajo más ambicioso", como "elemento de dinamización económica", mediante una nueva normativa en la que colabore "la Universidad de Cantabria", "la Federación Cántabra de Municipios", y a los agentes del sector pesquero.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Martín Berriolope, tachó las palabras de Díaz Villegas como "un intento de manipulación electoral", dentro del objetivo del PP de intentar retrasar "deliberadamente" el cambio en las "medidas sancionadoras" de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina.
"Si ustedes fueran serios y defendieran el empleo y la industria de la conserva en Cantabria, y todo lo que se vincula a esta campaña científica, seguro que no iban pueblo a pueblo defendiendo que no se pueda comercializar determinado tipo de bocarte", indicó Berriolope.
Igualmente, De la Sierra resaltó que el cambio normativo se justifica en razones de "legalidad" y de "oportunidad", sin entrar en cuestionar "si hay que hacer o no la ley de Pesca", normativa que, por otro lado, "es necesaria" y prueba de ello es que "está prácticamente acabada".
En su turno de réplica, la diputada 'popular' culpó al consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Oria, de "incumplimiento" por no llevar al Parlamento normativas que "nos prometió", en relación a la Ley de Desarrollo Rural, la de Montes y la de Pesca.
Además, Díaz Villegas cuestionó si "estará siquiera iniciada" la Ley de Pesca, tal y como sostuvo De la Sierra, porque "hasta ahora no han consultado a los sectores".
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
A continuación, Díaz Villegas defendió una interpelación sobre los criterios para "no dar cumplimiento" al acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno del 21 de diciembre de 2005 por el que se instó al Gobierno de Cantabria a solicitar la encomienda de gestión de las infraestructuras pesqueras del puerto pesquero de Santander, la transferencia de las competencias del puerto, así como la cesión de dichas infraestructuras.
Oria indicó que el Gobierno regional "ha cumplido totalmente" e "íntegramente" con el citado acuerdo, ya que el Consejo de Gobierno, del 12 de enero de 2006, acordó solicitar a la Autoridad Portuaria la encomienda de gestión de las infraestructuras pesqueras, mediante un futuro convenio.
El 25 de enero de 2006, el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier del Olmo, remitió un escrito sobre las condiciones de dicho convenio para la utilización del dominio público marítimo portuario de las instalaciones pesqueras del Puerto de Santander, que recogía una duración máxima de 35 años, el abono de las correspondientes tasas portuarias, "financiación por parte del Gobierno autonómico de las actuaciones complementarias" y "reversión de las instalaciones".
Además, se adjuntaban "las tasas correspondientes a las instalaciones pesqueras", que "ascendían a 3.441.676 euros", condiciones que, tras "varias reuniones con los diversos sectores interesados en principio en formar parte de una sociedad gestora", se "quedó patente la imposibilidad de cubrir los gastos de una posible concesión derivada del convenio".
En cuanto a a la cesión de las infraestructuras pesqueras, el Gobierno "cumplió" con lo acordado en Pleno, remitiendo el 10 de enero de 2006, el Consejero de Presidencia a la Secretaria de Estado de Cooperación del Territorio una solicitud en este sentido, aunque la respuesta del Estado fue que dicha cesión era "inviable".
Así, el consejero de Pesca indicó que la Secretaría de Estado de Cooperación del Territorio explicó en un escrito al Gobierno cántabro "la imposibilidad de proceder a la segregación y posterior traspaso a la comunidad autónoma de los espacios pesqueros" porque "ello llevaría consiguió una ruptura del principio de unidad de gestión" y porque "no concurren los presupuestos legales exigidos".
Estas explicaciones no convencieron a Díaz Villegas, para quien Del Olmo "no suelta" la gestión porque "quiere tener bajo su tutela las chapuzas" y "caso organizativo y administrativo" de la lonja, añadiendo que "no sé si se le tiene miedo al señor Del Olmo" como "si fuera el primo de Zumosol".
