Julio Bartolomé denuncia que la Ley de Acompañamiento modificará la Ley del Suelo para autorizar PSIR en suelo especialmente protegido
SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado regional del PP Julio Bartolomé criticó hoy que la reforma fiscal que se incluye en la Ley de Medidas Fiscales que se tramita junto a los Presupuestos regionales de 2010 convertirá a las clases medias cántabras en las "paganas" de los "derroches" del Gobierno regional.
En un comunicado, el diputado 'popular' denunció, por ejemplo, el "regreso del Impuesto de Sucesiones", un impuesto "injusto" que grava el ahorro y fue por ello "prácticamente eliminado" en 2002 por un Gobierno de PP y PRC para los casos de sucesiones entre ascendientes y descendientes.
Sin embargo, lamentó que ese impuesto "vuelve ahora de la mano de un Gobierno PRC-PSOE, al eliminarse la reducción por coeficientes, que se sustituye por unas bonificaciones hasta el tope de 325.000 euros".
Según dijo, "la reforma afecta especialmente a las clases medias, en definitiva a la mayor parte de los ciudadanos de Cantabria, y va a tener consecuencias negativas por el efecto frontera, ya que prácticamente no existe en comunidades limítrofes".
Pero junto a esto, también criticó otros contenidos de la reforma fiscal, como la creación de un nuevo impuesto sobre depósito de residuos en vertedero a razón de siete euros por tonelada "sin aportar memoria económica que lo justifique".
Igualmente, advirtió de que el Impuesto de Transmisiones se eleva desde un tipo del 7% a otro del 8% en determinados supuestos; mientras el coeficiente fijo del canon de saneamiento pasa de 4,88 a 14,88 euros, "tres veces más".
En lo que se refiere a otros impuestos, Bartolomé mostró su "perplejidad" por la reducción de las tasas que gravan el juego en el bingo y en máquinas recreativas y que, según apuntó, "se bajan sin que se conozca claramente por qué este sector es de especial protección para este Gobierno".
Frente a ello, señaló que se sube la tasa por recogida y tratamiento de residuos urbanos en un 10 por ciento aproximadamente, y se incrementa la de ordenación de industrias en la Consejería de Desarrollo Rural, "camuflándolo en una modificación de tramos hasta en un 77,8% en algún supuesto".
Por tanto, para Bartolomé la Ley de Acompañamiento y la reforma fiscal que contiene, "no sólo no va a ayudar a salir de la crisis, sino que va a tener efectos negativos al trasvasar de forma injusta recursos desde manos privadas que los utilizan para fomento del ahorro, del consumo o de la inversión, a un sector público autonómico caracterizado por su derroche y por el mantenimiento de una administración paralela que suma ya más de 40 empresas y organismos".
Además, lamentó que todo eso se hará "sin conseguir una reducción significativa del endeudamiento, que progresa en un ritmo cada vez más elevado".
"BURLA" A LOS CIUDADANOS Y AL PARLAMENTO
Al margen de la reforma fiscal, Bartolomé criticó el volumen de reformas que se pretenden acometer a través de esta ley, ya que, en su opinión, "dificultarán considerablemente" la labor parlamentaria de la oposición. A su juicio, de esta forma "no cabe un verdadero debate" y, por tanto, este proyecto de ley supone "una burla a los ciudadanos y al Parlamento, consentida por los grupos que apoyan al Gobierno".
De hecho, recordó que el Consejo Económico y Social (CES) "se ha negado a dar opinión sobre numerosos aspectos de la ley, por separarse de los temas que debieran ser su único objeto, y por carecer el expediente de memoria económica justificativa de las principales modificaciones". Además, aseguró que esos aspectos son también criticados en un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno.
Entre las modificaciones planteadas a través de este texto, Bartolomé explicó que se incluye una para reformar la Ley del Suelo y permitir incluir suelo especialmente protegido en proyectos singulares de interés regional (PSIR).
Además, señaló que se reforman aspectos de procedimiento administrativo, de la Ley de Finanzas y de la Ley de Subvenciones, en este último caso "para reforzar la competencia de los consejeros y reducir los requisitos previos a las subvenciones".
Para el diputado del PP, "conociendo cómo se han acordado algunos arrendamientos y cómo se han concedido algunas subvenciones", estas reformas son "rechazables" porque suponen "disminuir las garantías de un uso adecuado de los recursos públicos".
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