Y pedirá un Pleno extraordinario
CAMARGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Camargo y portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Movellán, ha anunciado que llevará a la Fiscalía, entre otras, las "irregularidades" en la gestión de la ayuda alimentaria a las familias en situación de necesidad que se vienen produciendo desde la constitución el pasado mes de junio del Gobierno municipal que encabeza Esther Bolado y del que es concejal de Asuntos Sociales el edil expulsado de Ganemos, Marcelo Julián Campos Pérez.
Movellán ha anunciado también que el Grupo Popular reclamará la convocatoria de un Pleno extraordinario monográfico sobre esta cuestión ante las "reiteradas maniobras" -dice- del edil de Asuntos Sociales para "eludir" las explicaciones sobre su gestión en el Pleno de diciembre del que se ausentó por una "supuesta indisposición justo antes de su turno de intervención" y en una Comisión convocada para este martes y que fue "cancelada de nuevo por indisposición del edil horas antes de su inicio".
El exalcalde ha anunciado ambas medidas a la luz de un informe oficial registrado el pasado 23 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento en el que, según ha explicado, los técnicos del departamento de Servicios Sociales denuncian "graves irregularidades" en la gestión especialmente de la Plataforma Municipal de Ayuda Alimentaria, creada en la pasada legislatura y con dotación presupuestaria para adquirir lo preciso para que las familias que no puedan procurársela por sus propios medios reciban una alimentación completa.
Esta Plataforma se nutre también de las donaciones solidarias de empresas, asociaciones, clubes deportivos, Juntas Vecinales etc, colectivos que según Movellán, "vienen hace meses mostrando su preocupación por el uso que de sus aportaciones se realiza".
El informe llega después de que los voluntarios formados y acreditados para realizar las entregas de alimentos a las familias bajo la supervisión de los técnicos del Servicio, "hayan sido retirados de su labor por el concejal, quien les ha relevado por su propio personal de confianza y personas vinculadas al mismo pese a que este hecho fue negado en Pleno el paso mes de septiembre por la alcaldesa según consta en las actas".
Según Movellán, el informe de los técnicos, dirigido al secretario municipal, pone en su conocimiento oficialmente y con "amplitud de detalle" la "arbitrariedad" con la que actúa el concejal.
Así, se denuncia que "desde julio de 2015 se vienen produciendo hechos que afectan gravemente a los Servicios Sociales", tanto en lo que se refiere a las ayudas de urgente necesidad, cantidades económicas que se entregan a personas que acreditan no disponer de recursos para pagar consumos básicos u otras gastos inaplazables, como en lo que se refiere al reparto de alimentos.
En cuanto a reparto de alimentos, el informe dice que "la periodicidad con la que se realiza el mismo no puede estar sometida a la arbitrariedad del concejal de área", que se "deben respetar las mismas condiciones para todas las familias incluidas en este programa" y alerta de situaciones de doble reparto "a algunas familias a criterio del concejal mientras otras reciben solo el reparto oficial".
El informe recoge que el nuevo "sistema implantado por el concejal" supone que éste realiza directamente los repartos sin tener en cuenta a los técnicos, lo que está generando "confusión", dándose casos según se relata de entregas a personas que pudieran no estar justificadas por distintos motivos como que haya finalizado la causa que dio origen a las dificultades económicas del beneficiario, haya éste comenzado a percibir otras ayudas etc.
Además, denuncian que las personas que reciben alimentos a criterio exclusivo del concejal pueden volver a recibirlos en fechas inmediatas dentro de los repartos periódicos establecidos generándose así situaciones de falta de equidad en el trato a los ciudadanos.
Según Movellán, los técnicos de la casa Altamira han expresado que el concejal se nutre para sus "repartos personales" del mismo stock del que se nutren los repartos programados oficialmente. Ello lleva a "la imposibilidad de controlar las existencias de la despensa que abastece a los camargueses sin recursos, un stock de material en buena medida adquirido con fondos públicos y del que a día de hoy no existe un inventario que permita saber con qué alimentos se cuenta".
Los alimentos se almacenan en una nave de Trascueto, desde donde se realiza la entrega oficial y de la que Marcelo Campos "retira y suponemos que reparte" sin que se conozca cuantos o cuales alimentos ni cuál es su destino final, ha dicho Movellán, quien ha recordado que ya en octubre reclamó a la alcaldesa un inventario de estos bienes.
Según el PP, los técnicos denuncian también que el reparto de vales canjeables por alimentos en Eroski se ha realizado también directamente por el concejal y alertan de un hecho "de una gravedad sin precedentes", que el reparto de alimentos y vales se esté realizando además "por parte de personal ajeno al servicio".
Movellán ha dicho que ello vulneraría la Ley de Protección de Datos, y los derechos al honor y a la propia imagen de los usuarios "expuestos en colas durante horas a la mirada de los trabajadores municipales y de los vecinos que realizan sus gestiones en el Ayuntamiento" algo que "hemos podido comprobar personalmente durante días", ha manifestado el portavoz del PP.
Según Movellán, el informe detalla la "amenaza" que supone para los usuarios que los Servicios Sociales de Atención Primaria sean "directamente gestionados por un político usurpando funciones de personal técnico por las posibles connotaciones políticas que ello pudiera generar".
En cuanto a las ayudas económicas para casos de urgente necesidad, los técnicos reclaman que la concesión de esas ayudas no se produzca por parte del concejal sin estar justificadas por un informe técnico. Se trata según detalló Movellán "de ayudas que pueden llegar a 6.000 euros en un año y cuya concesión está siendo investigada".
Los técnicos han denunciado igualmente por escrito la constante intervención del concejal dando "órdenes de priorizar" la atención a personas y casos que él decide "unilateralmente", obligándose así a postergar la atención a casos que los técnicos estiman prioritarios. Según el PP, este sistema "personalista y arbitrario está bloqueando la fluidez del servicio y generando listas de espera de más de 20 días para que sean atendidos casos de emergencia".
Según ha indicado Movellán, los técnicos califican de "lamentable y profundamente irresponsable" la gestión que el concejal Marcelo Julián Campos, que fuera "clave" para la investidura de Esther Bolado como alcaldesa, está realizando del personal de la Casa Altamira, sede de Servicios Sociales.
Movellán ha denunciado que Bolado "ampara" la gestión de Campos "buscando todas las excusas posibles para no dar la cara", por lo que tras la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular que tendrá lugar el próximo lunes, solicitarán la convocatoria de un Pleno extraordinario monográfico y abierto a la participación de los vecinos, "escenario en el que Campos y Bolado deberán rendir públicas cuentas de su labor al frente de Servicios Sociales".
Igualmente, ha anunciado que será tras el Comité Ejecutivo cuando se procederá a dar traslado a la Fiscalía de los informes y datos a los que hasta ahora se ha podido tener acceso para que en su caso sea ésta quien abra diligencias.
