El PP se opone a la creación de una empresa pública para gestionar cada puerto

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP no ha presentado enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Creación de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria porque "comparte la necesidad" de que exista un ente de estas características, pero considera que el texto "abre la puerta" a la contratación de personal directivo "a dedo", con contrato de alta dirección pero "sin la consideración de alto cargo", así como a la creación de otra serie de empresas públicas, en concreto "una para cada puerto".

Aunque "técnicamente es legal", el PP se opone a esta práctica porque "al final", el presupuesto de la Dirección General de Puertos "se iría en pagar el sueldo a todos los amigos y familiares que van a colocar" -el PSOE y el PRC-, lo que "hipotecaría el futuro de la entidad". Así lo afirmó hoy el diputado 'popular' Juan José Fernández, quien subrayó que "no hay tamaño ni necesidad de aumentar el gasto público en esta materia".

El proyecto de ley, al que el PP ha presentado 30 enmiendas parciales para corregir los "importantes errores" de los que en su opinión adolece, establece que Puertos de Cantabria podrá crear sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico, consorcios y fundaciones, así como participar en cualquier otra que ya esté constituida.

El PP no quiere "enterarse por la prensa de decisiones tan importantes", por lo que propone introducir en el texto la obligación de informar al Parlamento de las mismas. Por otro lado, considera "dudoso" el artículo que crea la figura de 'personal directivo', dada la "preocupante e intensa trayectoria del Gobierno en esta materia". En este sentido, Fernández explicó que el personal directivo no tendrá la consideración de alto cargo pero sí contrato de alta dirección y no tendrá que superar una convocatoria pública con los consiguientes principios de publicidad, objetividad y concurrencia, algo que el propio Consejo Económico y Social (CES) considera "confuso y contradictorio", dijo.

OTRAS PROPUESTAS

El PP propone, por otra parte, la creación de un Consejo Asesor en el que estén representados los colectivos más importantes relacionados con el mar, como foro para "estudiar e informar de las diferentes problemáticas y ayudar al Gobierno a tomar las decisiones oportunas". Los 'populares' consideran necesario este órgano porque en el entorno de los puertos "siempre hay intereses contrapuestos de carácter económico, empresarial, social,..." y "el mundo de la mar tiene mucho que decir".

Su propuesta es que en este consejo asesor estén representados los municipios con instalaciones portuarias, la Administración Portuaria del Estado, la Cámara de Comercio, las cofradías de pescadores, las organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones de puertos deportivos clubes náuticos deportivos, entidades dedicadas al fomento y promoción del turismo, Capitanía Marítima y la Federación Cántabra de Vela.

Por otro lado, el PP pide que se sometan a autorización del Consejo de Gobierno las contrataciones por parte de Puertos de Cantabria que superen los dos millones de euros (el proyecto de ley establece el límite en seis millones); que los funcionarios o personal laboral que formen parte del Consejo de Administración no cobren por ello un "sobresueldo", ya que "es parte de su trabajo", dijo Fernández.

Los 'populares' también piden que los ingresos de la entidad sean "finalistas" (que se gasten en puertos y no en otro tipo de inversiones); y que no se tomen decisiones en materia de personal y retribuciones sin contar con los informes de las direcciones generales de Función Pública y Hacienda.

De las 30 enmiendas presentadas por el PP, 18 son al articulado del proyecto de ley y 12 a los estatutos de la entidad pública empresarial Puertos de Cantabria. Trece de ellas son de carácter técnico, "no especialmente importantes en cuanto al fondo pero que arreglan problemas en la estructura de la ley".

"PRISAS Y CHAPUZA"

Fernández explicó por ejemplo que el texto no regula cómo se extingue la entidad, no recoge la figura del vicepresidente del consejo de administración y no hace alusión ni a la Ley de Patrimonio ni a la de Costas, "una muestra más de que las prisas no son buenas consejeras a la hora de legislar", apostilló.

Por último, señaló que últimamente el Gobierno no remite al Parlamento la documentación completa que debe acompañar a cada proyecto de ley, y explicó que en este caso faltan los informes de Función Pública y de la Consejería de Pesca, "dos de los más importantes". "Es otra prueba más de la chapuza habitual a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno a la hora de tramitar leyes", concluyó.