Presenta una PNL con esta propuesta en la que insta también al Ejecutivo central a dar "marcha atrás" en su legislación "pro-okupación"
SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo popular en el Parlamento de Cantabria llevará el lunes, 15 de febrero, al Pleno una iniciativa para pedir al Gobierno de España que "dé marcha atrás" en su legislación "pro-okupación ilegal" y al de Cantabria que elabore una ley de vivienda que luche contra este fenómeno.
Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria y diputado regional, María José Sáenz de Buruaga, quien ha explicado que, con esta proposición no de ley (PNL), los populares continúan su "ofensiva contra la okupación ilegal" y pretende que el resto de formaciones de la Cámara (PSOE, PRC, Cs y Vox) y el Gobierno regional se "retraten de verdad". "En asuntos como este no se puede poner una vela a Dios y otra al Diablo", ha opinado.
Buruaga ha defendido que la okupación ilegal es un asunto que "alarma y preocupa a los ciudadanos" y que, a su juicio, no debería quedar "relegado" pese a que, en estos momentos, la "prioridad" es la lucha contra la pandemia y lograr una vacunación "rápida y eficaz".
La dirigente popular ha advertido que "los datos hasta el mes de septiembre hablan de 44 casos conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria y de 13.006 en España y una creciente alarma social por la actuación impune de las mafias".
Por ello, Buruaga considera que la okupación ilegal "preocupa y mucho", no solo porque es un "problema real" sino porque, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo "niega el problema" sino que "está utilizando la pandemia para darle cobertura".
Según ha dicho, "el último paso en esa dirección" ha sido la convalidación del Real Decreto-ley 1/2021 de protección de
los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que, a su juicio, "no hace otra cosa que dar protección a los okupas y avalar la okupación".
"El Gobierno de la nación se ha amparado en las personas vulnerables y en la dramática situación sanitaria, social y económica que vive este país y que padecen millones de españoles para dar carta blanca a la okupación", ha afirmado la líder de los populares cántabros.
Ha acusado al Ejecutivo central de modificar "de tapadillo" la norma antidesahucios que aprobó a finales de diciembre y que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiera delito, para establecer ahora que "no se podrá expulsar a los okupas de una
vivienda cuando la entrada se haya producido sin intimidación o violencia, dando a los okupas el tratamiento de personas vulnerables", algo que considera una "concesión de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y a Podemos".
"De lo que estamos hablando es de amparar el delito de
allanamiento de morada y usurpación de vivienda, no de los desahucios
hipotecarios ni de inquilinos protegidos por situaciones de vulnerabilidad social", ha advertido Buruaga.
La líder de los populares ha afirmado que "a este paso y con este Gobierno la okupación acabará convirtiéndose en un mecanismo más de acceso a la vivienda: comprar, alquilar y okupar".
Buruaga ha criticado que dicho decreto del Gobierno se aprobara con el voto del diputado nacional del PRC, José María Mazón. "Increíble pero cierto", ha dicho la líder del PP, que considera que éste debe dar una explicación porque, según ha dicho, "la farsa regionalista" de votar y defender una cosa en Cantabria y la contraria en Madrid, no tiene un pase".
LEY AUTONÓMICA DE VIVIENDA Y CONTRA LA OKUPACIÓN
Y en cuanto a la otra petición de la PNL, Buruaga ha indicado que lo que se pretende es que "apruebe de una vez una ley autonómica PARA garantizar el acceso de todos los cántabros al uso y disfrute de una vivienda digna, especialmente, a los sectores de población más vulnerable y para "proteger la propiedad privada, la convivencia vecinal y la seguridad de las personas y las cosas".
"El hecho de que buena parte de la regulación necesaria PARA
hacer frente a este fenómeno de la okupación ilegal esté en manos del Estado, no r releva a las comunidades autónomas de la obligación de legislar para afrontar y paliar, en la medida de lo posible, sus consecuencias", ha defendido.
Lo que el PP pide es una ley autonómica que adopte las medidas QUE contribuyan a facilitar la puesta en marcha de los mecanismos legales para luchar contra la okupación.
Ha detallado que los populares quieren que esa ley prohíba expresamente QUE las personas condenadas por okupación ilegal, es decir, por delitos de usurpación de vivienda o allanamiento de morada, puedan ser propietarios ni usuarios de viviendas protegidas (tanto en casos de condena por sentencia firme como de sanción por resolución administrativa firme).
También plantea la puesta en marcha de un canal de denuncias anónimas
que permita la persecución de la venta fraudulenta y la okupación,
preservando la identidad de los denunciantes; garantizar la asistencia jurídica a los propietarios de las viviendas ocupadas ilegalmente en las
primeras 48 horas, suscribiendo el oportuno convenio con el Colegio de
Abogados.
Además, propone que las empresas suministradoras de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones tengan la obligación de comunicar la okupación de una vivienda cuando tengan fundada sospecha de que se ha producido este delito.
Los populares quieren también que se incluya la lucha contra la okupación entre las materias sujetas a colaboración y coordinación específica entre la Dirección General competente en materia de vivienda, los Ayuntamientos y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Respecto al respaldo a la propuesta del PP, Buruaga ha indicado que del PSOE espera "un no radical" pero espera que el PRC "abandone el postureo y la ambiguedad y se moje de verdad".
