Sáenz de Buruaga cree que la resolución de Protección de Datos debe tener "consecuencias de orden moral, disciplinario y político"
SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, reclamó hoy el "cese inmediato" y "fulminante" del gerente del área de Atención Primaria Santander-Laredo, José Manuel Liendo, y demandó igualmente que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) pida "urgentes disculpas" por haber expuesto en un tablón datos de pacientes del programa de dispensación de metadona.
En rueda de prensa, tras conocerse la resolución de la Agencia de Protección de Datos que concluye que el SCS cometió una infracción muy grave por la exposición de datos de cinco pacientes en el centro de salud de Santoña, Sáenz de Buruaga recalcó que esa resolución debe tener consecuencias "de orden moral, de orden disciplinario y de orden político".
"El daño tiene que ser reparado y la resolución ha de tener sus consecuencias", sentenció la líder 'popular', quien opinó que al Gobierno cántabro sólo le cabe "una salida digna", que es el "cese inmediato de Liendo".
Para ello, cree que les corresponde actuar al actual gerente del SCS, José María Ostolaza, y al consejero de Sanidad, Luis María Truan, y confió en que lo hagan "de forma diferente y más ejemplarizante a como lo hicieron sus predecesores en el cargo", José Alburquerque y Rosario Quintana, a los que consideró "cómplices" de lo sucedido por "acción u omisión".
"El Gobierno de Cantabria debe demostrar que está por proteger y para proteger los derechos de los ciudadanos y defender el respeto y la observancia de la ley. Debe elegir entre la inmoralidad, la mentira y el desprestigio del 'todo vale', o la credibilidad del sistema y su propia honestidad. Y debe depurar las responsabilidades políticas y de gestión que este Gobierno debía haber depurado hace tiempo", sentenció la secretaria general del PP.
Si no se materializa el cese de Liendo, el PP no piensa "dar por zanjado" el asunto así y exigirá que se depuren responsabilidades políticas, "en el Parlamento si es preciso". Según dijo, si Truan y Ostoloza no actúan, el Partido Popular llevará este asunto al Parlamento para ver si es el Gobierno de Cantabria el que respalda al gerente del área Santander-Laredo.
Junto a las consecuencias políticas del cese, Sáenz de Buruaga pidió consecuencias disciplinarias y que se adopten medidas internas para que no vuelvan a darse circunstancias similares en el futuro. También propuso medidas morales, en concreto, que el SCS pida disculpas a los pacientes afectados, a los profesionales sanitarios y "a todos los que fueron vilipendiados" por denunciar públicamente lo sucedido y exigir responsabilidades.
"DESPRESTIGIO"
En este sentido, la también diputada 'popular' en el Parlamento cántabro recordó que la respuesta del Gobierno de Cantabria cuando los profesionales del centro de salud y el Colegio de Médicos dieron a conocer los hechos fue un "intento gravísimo de desprestigio" hacia unos profesionales e instituciones que "no hicieron más que una función épica y legal en defensa de los derechos de los ciudadanos".
Además de ese "intento de desprestigio" de los profesionales, a los que, según dijo, el Gobierno "acusó de obstaculizar" el programa de dispensación de metadona y "negarse a asistir a los pacientes", Sáenz de Buruaga le echó en cara al Ejecutivo el "insulto y descalificación" del presidente del Colegio de Médicos, Luis Corral, y también del Partido Popular.
Además, acusó a Liendo de actuar "de forma culpable, consciente y deliberada" y criticó que el Gobierno se limitó a "negarse" a iniciar cualquier investigación y "mentir" en el Parlamento.
En su opinión, el Gobierno "centró todos sus esfuerzos durante seis meses en falsear la realidad, encubrir a los responsables y evitar la exigencia de responsabilidades a un alto cargo del Servicio Cántabro de Salud" y los miembros del Ejecutivo, fueron así "conocedores, consentidores, cómplices y responsables directos", incluidos el presidente y la vicepresidenta, Miguel Ángel Revilla y Lola Gorostiaga, tanto desde sus responsabilidades de Gobierno como con su voto en el Parlamento.
"CONSENTIMIENTOS FABRICADOS"
Para Sáenz de Buruaga, la resolución de la Agencia de Protección de Datos es "contundente", pero si los hechos en sí son "graves, más grave ha sido el daño causado a la credibilidad del sistema y a la confianza que deben tener los ciudadanos en el tratamiento y confidencialidad su datos".
La secretaria regional del PP insistió en que la exposición pública de datos de filiación y tratamiento de los pacientes supuso una "violación de la confidencialidad" de datos de especial protección, sin contar con su autorización u obtenida con posterioridad "mediante engaño".
"El Servicio Cántabro de Salud intentó casi tres meses después arrancar y fabricar esos consentimientos manipulando" a los pacientes para "evitar problemas en su tratamiento", agregó la diputada, que tildó esta actuación de "repugnante".
