El PRC pide ayudas para los celiacos y una estrategia regional para abordar la enfermedad

SANTANDER 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PRC Paula Fernández propondrá un acuerdo al Pleno del Parlamento para poner en marcha medidas para mejorar la atención y el diagnóstico y apoyar económicamente a las personas celiacas y con sensibilidad al gluten en Cantabria.

Tras la inclusión en el Presupuesto de 2026 de una partida específica con este objetivo, por importe de 30.000 euros, Fernández quiere dar ahora un paso más para responder al impacto creciente de esta enfermedad, que afecta a más de 5.000 personas en Cantabria, sin contar las que sufren intolerancia al gluten no celiaca, que también requieren una dieta estricta como base de su tratamiento.

Según diversos estudios citados por la parlamentaria, esa alimentación supone un sobrecoste mensual de alrededor de 100 euros -en torno a 1.200 anuales-, que representan "un problema adicional para muchas familias".

Por ello y para compensar ese coste, propone la tramitación urgente en las Cortes Generales de la proposición de ley estatal de compensación económica para las personas celíacas, como mejor vía para paliar el impacto económico de la dieta estricta en gluten, que es "el único tratamiento eficaz para esta enfermedad".

En el ámbito autonómico, la iniciativa regionalista plantea poner en marcha una orden de ayudas económicas dirigidas al colectivo, que contribuya también a compensar parcialmente el coste de los productos sin gluten.

Además, quiere reforzar las políticas de diagnóstico precoz, mediante acciones de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía, y promover la elaboración de una estrategia autonómica específica que integre programas de información, educación sanitaria y formación para el personal sanitario y el sector de la restauración.

Asimismo, aboga por implantar protocolos de atención, seguimiento clínico y asesoramiento nutricional en coordinación con el Servicio Cántabro de Salud y las asociaciones de pacientes, así como estudiar un registro autonómico que permita mejorar el conocimiento epidemiológico y orientar las políticas públicas en este ámbito.

"Hay que reforzar las políticas públicas para mejorar la atención sanitaria y brindar apoyo social y económico a las personas afectadas", ha subrayado.

Finalmente, ha destacado la importancia de garantizar entornos alimentarios seguros en centros educativos, sanitarios y sociales.