SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
La profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cantabria (UC) y titular de la Cátedra 'Jean Monnet' de Derecho de la Unión Europea, Rosario Ojinaga, ha formado parte de la delegación de España ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar en la causa del buque M/V Louisa, que enfrentaba a nuestro país con San Vicente y las Granadinas y se ha saldado favorablemente para España.
La controversia entre ambos estados está referida al buque M/V Louisa, con pabellón de San Vicente y las Granadinas, pero propiedad de una empresa norteamericana con sede en el Estado de Texas.
El demandante sostenía que el Louisa realizaba labores de exploración e investigación de hidrocarburos debidamente autorizadas en la bahía de Cádiz. Sin embargo, el buque fue inspeccionado e inmovilizado por orden judicial en febrero de 2006, cuando se encontraba atracado voluntariamente en el Puerto de Santa María, en el marco de un procedimiento penal abierto ante juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz por un presunto delito de daños al patrimonio cultural subacuático.
De hecho, durante la inspección del buque se encontraron a bordo diversas piezas de origen arqueológico submarino. También se encontraron cinco rifles de asalto y un arma de fuego, por lo que se suscita, a su vez, la posible existencia de un delito de tenencia y depósito ilícitos de armas de guerra.
El mismo día fue inmovilizado otro buque, el Gemini III, que actuaba como auxiliar del M/V Louisa. Todas las actuaciones realizadas por ambos buques se habían desarrollado en las aguas interiores y el mar territorial español. En el momento de la intervención del M/V Louisa fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad norteamericana, junto con dos tripulantes húngaros.
En su demanda contra España --que incluía una petición de reparaciones por un valor de 30 millones de dólares-- San Vicente y las Granadinas invocó diversos artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. España defendió que dichas disposiciones no eran aplicables al caso. En su sentencia, por 19 votos contra 2, el TIDM concluyó, como defendía España, que las disposiciones invocadas no ofrecían base legal alguna para las reclamaciones formuladas por el Estado demandante y declaró la inexistencia de jurisdicción ratione materiae.
La fase oral del procedimiento se desarrolló durante los días 4 a 13 de octubre de 2012 en la sede del TIDM en la ciudad alemana de Hamburgo. La delegación española estuvo integrada por la profesora Concepción Escobar, que actuó como agente, consejera y abogado de España; los profesores José Martín y Pérez de Nanclares, Mariano J. Aznar Gómez y Carlos Jiménez Piernas, que actuaron como consejeros y abogados; la profesora Rosario Ojinaga y el diplomático José Lorenzo Outón, que actuaron como consejeros; y Diego Vázquez Teijeira, consejero técnico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que actuó como asesor.
