El PSOE denuncia el "endurecimiento" del baremo para la incorporación al sistema de dependencia

Los socialistas cántabros proponen que la Sanidad siga siendo universal y que no se paralice la aplicación de la Ley de Dependencia

Dependencia
EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Actualizado: viernes, 29 junio 2012 16:03

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista, Dolores Gorostiaga, ha denunciado que desde que el Partido Popular gobierna en Cantabria "se ve claramente que se ha endurecido" la aplicación del baremo de la Ley para que los dependientes se incorporen o no al sistema.

Así, ha asegurado que el número de personas reconocidas como grandes dependientes ha ido disminuyendo, mientras que se han ampliado los reconocidos como dependientes menos graves, "que son los que pertenecen a los grados que no van a entrar en vigor porque su aplicación ha sido suspendida", ha explicado la exconsejera de Bienestar Social.

En este sentido, ha afirmado que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), ha sido "el alumno más aventajado" del presidente Mariano Rajoy en aplicar el aplazamiento de la entrada de nuevos dependientes al sistema. "Empezó a aplicar antes que nadie el endurecimiento del baremo que hace que se desplace a los dependientes de los grados severos a los que no van a entrar en vigor", ha indicado Gorostiaga.

Así, si en el año 2011 los grandes dependientes (grado III nivel II) eran el 14,04%, en 2012 lo son el 10,97%; y mientras que en 2011 había un 19,46% del grado III nivel I, ahora el porcentaje es de 17,55 puntos.

La congelación de la aplicación de la Ley en los grados severos es para el Grupo Socialista "un gran error" desde el punto de vista económico. "Estamos hablando de uno de los pocos sectores estratégicos que a lo largo de toda la etapa de crisis ha estado creando empleo, y por tanto, retornando parte de la inversión que hacemos a las arcas públicas", ha precisado.

Considera, también, que supone un error desde el punto de vista social, porque obliga "a retroceder sustancialmente en los avances que se habían conseguido, por ejemplo, con la incorporación de las mujeres al empleo" ya que las "obliga" a volver a casa a ocuparse de sus mayores y dependientes.

En este sentido, Gorostiaga ha señalado que si los responsables del PP entendieran que "una sociedad con más derechos es una sociedad más rica" y que el derecho a la atención a las personas dependientes "es una inversión social que genera importantes retornos sobre la economía y el empleo", no continuarían con su política de "recortar derechos y servicios a los más desfavorecidos".

Sobre las plazas residenciales, ha informado que en el año 2011 se otorgaron 3.238 plazas a dependientes severos, mientras que en 2012 hay 142 plazas de residencia menos. Un "alarmante" número de plazas públicas que se están perdiendo y que Gorostiaga ha ilustrado con el cierre de la residencia de La Pereda, la privatización del Centro de Día de Castro Urdiales y el anuncio de que quieren poner en venta el Centro de Rehabilitación de Drogodependientes de Isla de Pedrosa.

Además, ha observado que la situación se "agrava" con el copago, porque un grupo "importante" de esas personas dependientes tendrán que pagar "una parte de sus medicinas, el transporte sanitario cuando se pongan enfermos, y si necesitan una prótesis, también".

También ha recordado que se ha rebajado el siete por ciento el precio de concierto de plaza para la atención a las personas dependientes, "poniendo en riesgo con ello el empleo y la calidad de la asistencia", se ha recortado la renta social básica, se va a cobrar 30 euros a las personas que empeoran y tienen que pedir una segunda valoración sobre su grado de dependencia, al personal del Servicio Cántabro de Salud se le ha aplicado la jornada laboral de 35 a 37,5 horas, los centros de salud se cierran a partir de las 17 horas y no se sustituye al personal sanitario.

"Estas medidas impuestas por Diego lo único que están consiguiendo es que haya menos prestaciones, más despidos, menos servicios y que el servicio sanitario se resienta", ha denunciado, así como que se haya recortado en un 42% el plan concertado de servicios sociales de los ayuntamientos.

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