PSOE denuncia que la Ley de VPO es un "pelotazo" para beneficiar a empresas y fondos de inversión

Actualizado 01/07/2015 19:16:43 CET
Pedro Casares
PSOE

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el Proyecto de Ley de Vivienda Protegida aprobado por el Gobierno de Cantabria es "un pelotazo para beneficiar a empresas, fondos de inversiones y particulares con posibles".

En su opinión, el Gobierno de Cantabria "quiere hacer legal que se pueda especular con la vivienda protegida, permitiendo que con recursos públicos se haga negocio", algo que para los socialistas es "intolerable e inadmisible".

"No es de recibo que empresas, fondos de inversión o particulares con "posibles" puedan comprar VPO para alquilarlas y hacer negocio y sacar un beneficio a costa de los más necesitados. Esta ley rompe el principio, la filosofía y el objeto de las VPO", afirma Pedro Casares, secretario de Economía del PSC-PSOE.

En su opinión, el proyecto de ley de Vivienda Protegida presentado por el Gobierno Diego es "una chapuza jurídica y un intolerable atentado a los intereses generales".

En este sentido, insiste en que el proyecto de ley "abre vías de negocio y especulación" a personas y empresas que se "beneficiarían de viviendas a precios por debajo del mercado y que luego obtendrían un beneficio alquilándoselas a quien realmente las necesita".

Casares explica que el bajo coste de las VPO viene determinado por la cesión gratuita de suelo que hacen los ayuntamientos. El suelo, obtenido de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos a lo que los promotores privados están obligado por ley, es, por tanto, patrimonio municipal "que es lógico destinar a un fin social, pero no regalarlo para que se hagan negocios privados", afirma Casares.

Según el proyecto de ley del Gobierno cualquier persona o empresa podrá adquirir vivienda protegida (VPO) en Cantabria, aunque sólo podrán usarla quienes tengan ingresos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Casares advierte que la ley "no aclara" en qué condiciones se producirían los alquileres, ni si, como ocurre actualmente, pasado 15 años, la vivienda puede ser vendida libre de cargas y restricciones.

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