SANTANDER, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La recaudación por el impuesto sobre los hidrocarburos denominado 'céntimo sanitario' ascenderá este primer año a 12,2 millones de euros y a 8,7 en 2013, con lo que, según las previsiones que maneja el Gobierno de Cantabria en su Plan de Reequilibrio Financiero, consultadas por Europa Press, los ingresos por esta medida incluida en el plan de ajustes llegarán a los 20,9 millones de euros.
Pero en el otro lado, la subida podría tener un efecto bajada en los ingresos por otras figuras, caso del IVA e impuestos especiales, como advirtió al Ejecutivo el Consejo Económico y Social (CES), que calcula que se dejarán de ingresar 252 euros por este concepto por cada 1.000 litros que se dejen de repostar en Cantabria como consecuencia de los desplazamientos para repostar a comunidades cercanas con tipos menores de este impuesto.
El 'céntimo sanitario' es una medida recogida en la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, aprobada este martes en el Parlamento autonómico, y que entrará en vigor este viernes, 1 de junio.
El texto, conocido como plan de ajustes, incluye otras medidas, como la subida de tasas y canones (saneamiento, residuos), cambios en las condiciones del personal de la Administración, incluyendo docentes y sanitarios, la supresión de consejos asesores y la reducción de diputados.
En el caso del 'céntimo sanitario', se fija en su tipo máximo, que es 4,8 céntimos de euro por litro, más el IVA, de la siguiente forma,: para las gasolinas, 48 euros por cada 1.000 litros: para el gasóleo de uso general, también 48 euros por cada 1.000 litros, al igual que para los querosenos, mientras que en el fuelóleo es de 2 euros por tonelada.
Desde el Gobierno de Cantabria se ha defendido que el impacto del céntimo sanitario será de ocho euros al mes aproximadamente para una familia --dos euros por persona--, con un importante uso y alto consumo del vehículo, que tiene que desplazarse todos los días de Santander hasta Torrelavega.
Formalmente, lo que se hace es elevar al máximo el tipo de gravamen autonómico (hay otra parte nacional, común y fija) en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre estos consumos y cuya recaudación se orienta a financiar políticas sanitarias y de medio ambiente, según justifica el Gobierno en la ley de ajustes.
Paralelamente, se fija una devolución del cien por cien para el gasóleo de uso profesional --citando expresamente a transportistas y taxistas---, y no se aplicará al gasóleo de usos especiales y de calefacción.
Este impuesto cuenta con dos tramos: uno nacional y uno autonómico. El nacional es de 2,4 céntimos euros por litro (24 euros por cada 1.000 litros), y luego otro autonómico, en el que había potestad para cada Gobierno regional para aplicarlo o no, algo que Cantabria no hacía.
EL EFECTO FRONTERA
El CES (Consejo Económico y Social, compuesto por patronal, sindicatos y colectivos profesionales designados por el anterior Gobierno), criticaba esta figura en el dictamen en el que también se pronunciaba sobre su propia desaparición y en el que advertía de que es un impuesto que trasciende a sus destinatarios directos para afectar al conjunto de la economía regional.
En el informe, consultado por Europa Press, apuntaba la posibilidad de incremento de los precios de los productos que transportan los profesionales del sector, pero sobre todo, alertaba sobre el "efecto frontera".
El llamado 'céntimo sanitario' en su tramo autonómico lo tienen instaurados las comunidades de Madrid, Asturias, Valencia, Castilla-La Mancha y recientemente Castilla-León, recoge el CES.
Desde la perspectiva del norte de España, no lo tienen ni lo van a imponer el País Vasco y lo tiene en tipos menores a Cantabria Asturias (2 céntimos por litro, frente a los 4,8 euros cántabros).
El CES advertía de que con los medios técnicos de que disponen los transportes de mercancías y viajeros y su capacidad de almacenaje de depósitos se pueden hacer hasta 4.000 kilómetros sin repostar, o cubrir la distancia entre Galicia y País Vasco sin pasar por gasolinera, lo que, unido al céntimo, tendría como consecuencia menos repostajes en la comunidad.
En cuanto a los repostajes privados, los de automóviles y turismos, se prevé que en las gasolineras "de frontera" (las que estén en zona oriental u occidental), pasarán a llevarse a cabo en Asturias y en País Vasco.
El CES remarca que este fenómeno ya se ha dado en Castilla y León, donde se ha producido un "trasvase" desde esta comunidad que ha instaurado el 'céntimo sanitario' desde las localidades cercanas a Cantabria.
El resultado ha sido que en la Comarca de Campoo se han notado ya ingresos adicionales tanto en estaciones de servicios como en hostelería.
Igualmente, el dictamen llamó la atención sobre el hecho de que en la zona oriental de Cantabria (Castro y entorno) hay un "importante" porcentaje de población que reside allí, pero que trabaja en Vizcaya, donde podrían repostar.
IVA E IMPUESTOS ESPECIALES
En la actualidad y según datos del sector de Estaciones de Servicios a los que se remite el CES, el Gobierno de Cantabria percibe unos ingresos por IVA y por impuestos especiales en torno a 300 euros por cada 1.000 litros de combustible.
Según las estaciones de servicio, la comunidad se queda con el 50% del IVA y el 55% de los impuestos especiales de los hidrocarburos, lo que supone ingresos de 296 euros por cada camión que reposta en Cantabria, que, al dejar de hacerse o devolverse, se quedarían en nada.
La consecuencia del gravamen sería un diferencial en contra de los ingresos por el Gobierno, por IVA e impuestos especiales dejados de percibir, que cifra en 252 euros por cada 1.000 litros que no se vendan en Cantabria, lo que supondrá una "caída" en los ingresos.
Se contrapone que se ingresaría "potencialmente" 48 euros por cada 1.000 litros mientras se dejará de ingresar 252 euros por cada 1.000 litros que no se reposten en Cantabria.
LAS DEVOLUCIONES
En cuanto a las devoluciones, se criticaba que excluía a empresas, autónomos y trabajadores que utilizan su vehículo para su trabajo diario.
Remitiéndose a la experiencia de otras comunidades, el CES constataba que los costes en la tramitación burocrática y el deseo de evitar retrasos acabaron haciendo que los profesionales en lugar de pedir las devoluciones, optaran directamente por repostar en localidades sin el impuesto o con este más bajo.