SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El comienzo del macrojuicio de 'La Loma' de Castro Urdiales en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se ha retrasado hasta las 12 del mediodía a petición de la fiscal del caso, Pilar Santamaría, que ha solicitado tiempo para reformular el escrito de acusación, lo que podría 'adelgazar' la causa, la más importante de las instruidas por el entonces juez de Castro Luis Acayro Sánchez, y reducir considerablemente el número de acusados y los seis meses que iba a durar el juicio.
En el escrito inicial presentado en el año 2012 por la fiscal María Jesús Cañadas, el Ministerio Público solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. De ellos, 22 eran cargos políticos del Ayuntamiento entre los años 2000 y 2008, con los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muruguza a la cabeza.
El juicio tenía que haber empezado este lunes pero el presidente de la sala, Agustín Alonso, aceptó la petición de las defensas que solicitaron dos días para intentar negociar acuerdos.
El letrado Andrés de Diego -decano del Colegio de Abogados de Cantabria-, que defiende al exarquitecto Pedro Restegui, asegurado a los medios que durante estos dos días "no se ha llegado a ningún acuerdo" y que ningún abogado "sabe en qué términos" va a plantear la fiscal el nuevo escrito de acusación.
200 AÑOS DE CÁRCEL
Además de los 22 cargos políticos, están acusados seis técnicos vinculados con el Ayuntamiento, el propio secretario del Consistorio, 13 administradores de empresas promotoras y dos directores de obra.
La causa, conformada por 97 tomos, 61 anexos y más de 57.500 folios, fue instruida por el juez Luis Acayro Sánchez durante su etapa al frente del Juzgado de Instrucción n 2 de Castro Urdiales.
La confirmación por parte de la Audiencia de la instrucción y las imputaciones formuladas por el juez Acayro Sánchez provocó la dimisión, en mayo de 2015, a las puertas de las elecciones, de los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales, Daniel Rivas, y Laredo, Juan Ramón López Revuelta.
En el procedimiento, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas. Mientras, la acción civil la ejercen cuatro bancos y una promotora inmobiliaria. Además, están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.
EL ESCRITO DEL FISCAL
Según el escrito inicial del Ministerio Fiscal, los acusados, "con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente", instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana que "carecen del contenido mínimo exigible por ley".
En el caso de las licencias de obras "no se adecuaban", según Fiscalía, ni al PGOU ni al resto de la normativa urbanística, mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que "carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas".
El Ministerio Fiscal sostiene que los responsables municipales "han resuelto prescindiendo de informe técnico en algunos casos y de informe jurídico en casi todos".
"Han hecho caso omiso del contenido de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes que tutelan el interés público gestionado por las administraciones estatal y autonómica, también voluntaria y conscientemente", añade el escrito, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En lo que se refiere a los particulares --los promotores inmobiliarios acusados--, según la Fiscalía, "han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas respecto a la situación del estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular".
Con esta actitud, han provocado "la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles". En algún supuesto, según la Fiscalía, "se ha alterado, en connivencia con funcionarios públicos, intencionadamente, el contenido de documentos oficiales".
Los hechos constituyen, a juicio del Ministerio Público, delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.
En el caso de la prevaricación y la prevaricación urbanística, imputado a técnicos municipales y concejales, las penas solicitadas llegan hasta los nueve años de inhabilitación para empleo público y dos años de prisión.
PENAS
Por la falsedad documental, el fiscal pide hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años. El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos.
La infidelidad en la custodia de documentos supone una petición de condena de año y medio de prisión, además de inhabilitación de ocho meses. En el caso del delito de estafa, que se imputa a los administradores de las promotoras inmobiliarias que vendieron las viviendas a particulares, las penas solicitadas son de seis años de cárcel.
Finalmente, la petición de pena por desobediencia es de un año de prisión. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita la declaración de la nulidad de los instrumentos urbanísticos irregulares y la demolición de las edificaciones construidas a su amparo.
También pide indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales por las cuantías en que se ha monetarizado el aprovechamiento urbanístico, así como a favor de los particulares que compraron las viviendas construidas al amparo de los citados instrumentos urbanísticos.
