El Consistorio cuenta ya con un nuevo proyecto para la rehabilitación integral del edificio que está pendiente de aprobación del Gobierno
SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno Local de Santander ha acordado este martes iniciar un expediente para resolver el contrato suscrito con SIEC para las obras de accesibilidad del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), ante la imposibilidad material de continuar con los trabajos previstos en el proyecto inicial.
Así lo ha informado hoy el Consistorio santanderino en una nota de prensa en la que recuerda que SIEC ejecutaba las obras de mejora de la accesibilidad en el MAS cuando se produjo el incendio en noviembre de 2017, tras el cual quedaron suspendidas.
El Ayuntamiento acometió entonces trabajos de emergencia para asegurar la estabilidad el edificio y realizó análisis sobre los daños y el estado del mismo para determinar las actuaciones necesarias para su recuperación.
Los estudios realizados constataron la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato existente con SIEC en las condiciones inicialmente acordadas y la necesidad de redactar un nuevo proyecto, de mayor envergadura, para la rehabilitación integral del inmueble.
En este sentido, la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha subrayado que el Ayuntamiento cuenta ya con el proyecto básico para la rehabilitación integral, que prevé una inversión de 3,8 millones de euros, y que está a la espera de aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio Inmueble del Gobierno de Cantabria.
Por todo ello, se propone resolver el contrato existente con SIEC y se rechaza además la petición de indemnización solicitada por la empresa, al entender que el incumplimiento del contrato por parte de la adjudicataria en lo que respecta al mantenimiento de las alarmas activas durante las obras pudo mermar la capacidad de respuesta y agravar los daños del incendio.
Tras la adopción de este acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local, se notificará a la empresa la apertura del expediente y tendrá un plazo de diez días para realizar las alegaciones que estime pertinentes.
La apertura de este expediente de resolución del contrato se suma a la penalización económica que se impuso con anterioridad a la empresa por incumplimiento del mismo. Una penalización de 46.000 euros (el 10% del importe del contrato) confirmada ya en vía administrativa.
DESESTIMADO RECURSO DE CODELSE
Por lo que respecta a Codelse, encargada del mantenimiento de las alarmas municipales, la Junta de Gobierno Local ha acordado hoy desestimar el recurso de reposición que interpuso la empresa contra la penalización económica por incumplimiento del contrato que estuvo vigente hasta el 20 de julio de 2017.
Se pone también fin así a la vía administrativa en lo que respecta a dicha penalización, que asciende a 1.138 euros (el 10% del contrato). Mientras tanto, continúa la tramitación administrativa del expediente abierto también a Codelse para resolver el contrato que está en vigor desde el 21 de julio del pasado año.
INVESTIGACIÓN
La concejala de Cultura ha recordado que todos estos expedientes son consecuencia de la investigación abierta por el Ayuntamiento tras el incendio del museo.
La investigación municipal concluyó que durante las obras que se ejecutaban en el edificio se desactivaron las alarmas antiincendios y los sensores de humo sin conocimiento previo ni autorización alguna por parte del Consistorio.
Además, los informes de los técnicos señalaban que la desactivación de esos dispositivos mermó la posibilidad de reaccionar y pudo agravar los daños ocasionados por el fuego que, a la llegada de los bomberos, estaba completamente desarrollado.
Los informes emitidos por los distintos departamentos municipales responsables de los contratos indicaban que SIEC, como contratista de las obras, tenía la obligación de mantener operativos durante los trabajos los sistemas de seguridad del edificio en materia de detección de incendios y robo.
Sin embargo, en el momento del incendio no estaban operativos ni los sensores de humo ni las alarmas antiincendios.
Codelse, por su parte, como responsable del mantenimiento de dichos sistemas de seguridad, debía emitir informes mensuales de sus tareas y comunicar cualquier incidencia al Ayuntamiento, obligaciones que tampoco se cumplieron por parte de la empresa.
En consecuencia, se considera que ambas empresas incurrieron en incumplimientos muy graves de sus respectivos contratos que motivan la tramitación de los correspondientes expedientes.
