SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la reducción del 5 por ciento del salario de los trabajadores de las empresas públicas de Cantabria llevada a cabo por el Gobierno PSOE-PRC en 2010 afectará, según Comisiones Obreras, a unos 2.600 trabajadores, de los que 1.800 continúan en activo en las mismas, y tendría una cuantía "de millones" de euros.
Así lo han asegurado este viernes en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Francisco Javier Báscones, y el responsable del Sector Público de este sindicato, Carmelo Renedo.
Han especificado que esta sentencia se refiere a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, por lo que es de aplicación directa a sus 27 trabajadores, si bien, como establece la nulidad de una norma básica, lo será también para el resto de empresas públicas, cuyas demandas están paralizadas pero que CC.OO "reactivará" la próxima semana.
"Celebraremos los juicios pero nadie duda, con la sentencia del Constitucional, cuáles serán sus pronunciamientos", ha señalado Renedo.
El objetivo es que los juzgados se pronuncien "con la mayor brevedad" y para "mayo o junio" hayan recibido respuesta todas ellas ya que, según el sindicato, se trata de un "trámite meramente formal".
Han explicado que la sentencia anula la "imposición" del Gobierno de Cantabria, por ley, para reducir a los trabajadores de todas las empresas públicas de la región el 5% de salario, intentando homologarlo a la aplicación directa que existió al personal funcionario y laboral de las administraciones.
El TC anula ahora dicha medida porque el decreto estatal "en ningún caso" deja abierto que fuese de aplicación directa por imposición, a través de ninguna ley, al personal de las empresas públicas salvo que hubiese un acuerdo con el comité de empresa, algo que no ocurrió en Cantabria, donde fue "una imposición".
Renedo ha mostrado su "satisfacción con el fallo clarísimo y rotundo", tras los "atropellos" que han sufrido los empleados y trabajadores de las empresas públicas regionales. En su opinión, la sentencia, "importante" y que "no deja lugar a dudas", demuestra que "no puede valer todo lo que se hace de llevar por delante los derechos de los trabajadores".
Comisiones Obreras entiende que ahora el Gobierno deberá reponer todas las retribuciones que se les han ido detrayendo desde junio de 2010 hasta la fecha de la sentencia (19 de diciembre) y actualizar automáticamente las nóminas.
Además, sostiene que la sentencia no solo afecta a los trabajadores ahora en activo, sino a todos los que prestaban servicio en esas empresas que han sido despedidos o se han ido, hasta un total de unos 2.600 (los 1.800 actuales y casi 800 que ya no están).
Por eso, el sindicato afirma que la cuantía que deberá pagar el Gobierno será "importante, de millones", y en este sentido se han mostrado "abiertos" y "dispuestos" a abordar con el Ejecutivo "cómo afrontar la sentencia".
Como hay que esperar a los fallos una vez se "reactiven" los juicios, el sindicato se ha marcado este plazo, hasta mayo o junio, para analizar con la Administración su aplicación, ya que es muy posible que conlleve modificaciones en los presupuestos regionales. CC.OO. quiere saber "cómo y en qué tiempo" se otorgarán las cantidades detraídas.
En este sentido, Renedo ha comentado que no han tenido "ninguna noticia" del Gobierno, pese a que entiende que ha recibido la sentencia al ser la Sociedad Regional de Turismo parte implicada.
