El Supremo confirma una indemnización de 20 días por año a una interina del ICASS tras 5 años en una vacante

Publicado 10/09/2019 13:06:12CET
Sede del ICASS en General Dávila
Sede del ICASS en General Dávila - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que reconoció una indemnización de 20 días por año a una trabajadora interina tras cinco años cubriendo una vacante que fue sacada a concurso hasta en 12 ocasiones.

La Sala de lo Social del TS resuelve así a favor de la reclamación realizada por los servicios jurídicos del sindicato TU (Trabajadores Unidos) en nombre de la trabajadora, al haberle reconocido la condición de indefinida no fija por no haberse extinguido el contrato, sino que se le prorrogó hasta que a los cinco años se cubrió la vacante.

La sentencia, consultada por Europa Press, no entra a examinar si fue correcta la calificación del contrato por la sentencia recurrida, porque el ICASS fundamenta su recurso en una sentencia del TJUE de septiembre de 2016 (caso Diego Porras) obviando que la condena que combate no se funda en esa sentencia sino en la doctrina del TS de marzo de 2017.

El Supremo condena al ICASS al pago de las costas por importe de 300 euros, que se suman a otros 850 de la sentencia del TSJC.

El sindicato TU, que ha hecho pública la sentencia este martes, ha denunciado la "vergonzosa situación de abuso de temporalidad" que se mantiene en todas las administraciones. En un comunicado de prensa, afirma que si a una empresa privada se la sanciona por incumplir las normas e incurrir en fraude de ley en la contratación, "a las administraciones que han de dar ejemplo es lógico que se les sancione en los mismos términos".

TU espera que las cuestiones prejudiciales pendientes y las sentencias del tribunal de justicia de la Unión Europea que han de producirse en fechas próximas, "culminen con una sanción ejemplar a las administraciones que conlleve la declaración de la relación indefinida de los demandantes".

Espera además que "esta sanción pueda ser extrapolable a todos los afectados por este abuso desmedido y fraude de ley que se está perpetrando desde hace décadas, con total impunidad hasta la fecha y con la colaboración necesaria por omisión, de los responsables de las administraciones, gobiernos y sindicatos".

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