El presidente del TSJC cree que "empieza a propagarse una idea un tanto peligrosa" de "desviar" a lo penal" actuaciones administrativas
SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha abogado por la adopción de medidas cautelares "con muchísima prudencia" en los procesos relacionados con casos de presunta corrupción urbanística o de viviendas ilegales, aunque alertó de los riesgos que implica la "criminalización" del urbanismo.
En una una entrevista concedida a Europa Press, Tolosa reconoció que "en ocasiones" las sentencias "firmes" que ordenan la demolición de construcciones ilegales han llegado "cuando la solución ya es muy difícil" e, incluso, con posterioridad a que las viviendas hayan sido "transferidas" a sus compradores, "con lo que se crea un problema añadido" para la ejecución del fallo judicial.
El máximo representante del TSJC indicó que "la solución" a esta situación podría estar en la adopción de "medidas cautelares" que posibilitaran la "paralización en el inicio" de las actuaciones "presuntamente ilegales".
En cualquier caso insistió en que cualquier decisión al respecto debería tomarse "con suma prudencia" dado que, según subrayó, "un exceso" podría conllevar "efectos perniciosos" o la posibilidad de una "paralización" de la actividad constructora, que "es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía", recordó.
Preguntado por la propuesta de la fiscal jefe del TSJC, Pilar Martín Nájera, de que el Ministerio Público pueda intervenir en los pleitos en los que se dilucida la legalidad de un planeamiento urbanístico, Tolosa recalcó que se trata "de una idea digna de consideración", ya que "si el fiscal es el guardián de la legalidad no hay ningún inconveniente en que pueda actuar en este tipo de procesos" en los que, según apuntó, "están en juego los intereses públicos".
Sin embargo, Tolosa hizo hincapié en que no hay que "caer en la criminalización del urbanismo" ni "hacer una derivación hacia la vía penal" de actuaciones que correspondan al ámbito de lo contencioso-administrativo.
Así, advirtió de que "empieza a propagarse una idea" a su juicio "un tanto peligrosa" y que, según explicó, consiste "en una asimilación entre cualquier tipo de irregularidad administrativa" en el plano urbanístico "y la criminalización de esas conductas".
Con todo, no descartó que "pueda haber ciertos casos excepcionales" en los que se dé "algún tipo de responsabilidad penal" en la configuración o desarrollo de "determinados proyectos urbanísticos".
