SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía y la Acusación Particular piden una condena de cinco años de prisión para el joven R.C.G., acusado por la muerte de Román García, que falleció en abril del pasado año tras recibir un puñetazo y golpearse la cabeza al caer al suelo en un bar de Los Corrales de Buelna.
El ministerio público y el abogado de la familia acusan a R.C.G. de un delito de lesiones, con la agravante de alevosía y en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente, la misma calificación que sostuvo desde el principio el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega y que, sin embargo, fue recurrida en varias ocasiones por la Acusación Particular.
En principio, la familia del joven fallecido, que tenía 24 años cuando se produjo la muerte, reclamaba que los hechos fueran calificados como homicidio doloso, pero el juez desde el primero momento consideró que era un delito de lesiones agravado por la alevosía y en concurso con homicidio imprudente, ya que la causa de la muerte no fue el puñetazo que recibió Román, sino el edema cerebral severo que sufrió al golpearse con el suelo.
Tras sucesivos recursos de la familia y varios pronunciamientos tanto del propio Juzgado como de la Audiencia Provincial, ya es firme el último de los autos dictado por el juez en el que se mantiene la consideración de los hechos como delito de lesiones, con la agravante de alevosía y en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente.
Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la familia pudo también recurrir ese último auto, pero no lo hizo, y de esta forma ya es firme la calificación del juez, que se sustenta en los informes de los forenses sobre la autopsia y la causa directa de la muerte.
En consecuencia, la Fiscalía y la familia han presentado sus escritos de acusación conforme a esa imputación y el juez, en un nuevo auto fechado el 26 de enero, ha acordado la apertura de juicio oral.
Al mismo tiempo, ha acordado que se trasladen los escritos de acusación al imputado para que, en su caso, presente el correspondiente escrito de defensa; y también ha requerido a R.C.G. que deposite una fianza de 187.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones que pudiera derivarse del proceso.
En los respectivos escritos de acusación, la fiscal solicita en total algo más de 157.000 euros en indemnizaciones para los padres y los dos hermanos de Román García, mientras el abogado de la familia eleva la petición hasta 205.000 euros, a los que habría que sumar además las facturas del psiquiatra al que acuden la madre y los hermanos del fallecido.
HECHOS
Los hechos por los que se acusa a R.C.G. sucedieron la noche del 19 de abril cuando abordó "sorpresivamente" a la víctima, de 24 años, que se encontraba en un bar en compañía de su novia, y "sin mediar palabra" le pegó un puñetazo en la cara, que le hizo caer desplomado al suelo y quedar inconsciente.
El agredido fue trasladado primero en ambulancia al Hospital Sierrallana de Torrelavega y desde allí fue derivado a Valdecilla, donde se le diagnosticó fractura de la mandíbula, hematoma extradural, contusión hemorrágica y edema cerebral severo. Fue intervenido quirúrgicamente y quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció hasta su fallecimiento el 24 de abril a causa de una parada cardio-respiratoria.
En el escrito de acusación, la fiscal subraya que la agresión se produjo "de forma sorpresiva e inesperada", sin que mediara palabra alguna entre ellos y sin que Román tuviera opción de defenderse o evitar el puñetazo, unas ideas que repite también la Acusación Particular, que sostiene que el ataque se produjo "de manera súbita, imprevista y sorpresiva".
Toda la instrucción del caso ha estado marcada por la polémica y las movilizaciones protagonizadas por la familia de Román García. Además de reclamar una imputación por homicidio doloso, que finalmente ha quedado en homicidio imprudente, cuestionaron la decisión de dejar en libertad al acusado y reclamaron su ingreso en prisión provisional, petición que les fue denegada tanto por el Juzgado de Instrucción como por la Audiencia Provincial, ya que no había riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas ni de reincidencia.