La Fiscalía avanza que pedirá cinco años de intervención administrativa de la empresa por verter al río sin autorización
SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario del Consejo de Administración de Sniace, Miguel Gómez de Liaño, sostuvo hoy que no tiene poderes ejecutivos en la empresa, a la que se limita a prestar asesoría en información jurídica en su calidad de letrado.
De esta forma, cuando la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) revocó a la fábrica de Torrelavega (Cantabria) la autorización para realizar vertidos en el Saja-Besaya, el también consejero de esta compañía trasladó esta información a los miembros del Consejo, explicándoles que interrumpir el vertido implicaba parar la actividad industrial.
Así lo relató en su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que le juzga por un delito contra el Medio Ambiente para el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de cinco años de prisión, por un vertido que efectuó la empresa en diciembre de 2006 sin la oportuna autorización.
En la vista, la Fiscal avanzó que al término del juicio, en principio el próximo miércoles, sumará a sus peticiones de pena la de la intervención administrativa de la empresa durante un plazo de cinco años, y señaló que en la actualidad, Sniace sigue realizando vertidos sin autorización incumpliendo lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que le concedió el Gobierno de Cantabria.
Al juicio asistieron los representantes del Comité de Empresa de Sniace y trabajadores de la fábrica, para expresar su respaldo a la dirección. Las sesiones se reanudan mañana, cuando está previsto que declare el presidente de Sniace, Blas Mezquita, junto a directos del grupo y miembros del Consejo de Administración.
PLAN DE REGULARIZACIÓN
Según relató Gómez de Liaño, Sniace contó a partir de 2002 de un Plan para la Regularización de Vertidos que especificaba cuatro fases con sus cuatro correspondientes períodos de tiempo y los objetivos que se alcanzarían en cada uno de ellos.
Cuando estuvo a punto de caducarse la primera de las fases, los responsables de la empresa advirtieron a la CHN de que iba a ser "imposible" que sus objetivos pudieran cumplirse y no se podría pasar a la segunda fase, por lo que reclamaron que se prorrogara el plazo.
Gómez de Liaño expuso que esto sucedió en un momento, 2003, en que la empresa sufría "pérdidas considerables" y que había realizado inversiones de carácter medioambiental, como la planta de blanqueado de lejías o la de zinc, que empezarían a funcionar en los siguientes meses y solucionarían los problemas.
La responsable de Medio Ambiente y Calidad de Sniace, María Victoria Peón Pérez, contó que desde la propia Confederación se les recomendó que pidieran la prórroga o la fijación de un nuevo calendario, en un encuentro en Oviedo con el jefe de área de Vertidos, Carlos Blanco, del que dedujo que su petición sería atendida, cosa que finalmente no sucedió.
De hecho, tanto la defensa de Gómez de Liaño como la de la empresa plantearon al inicio del juicio que se suspendiera la vista, alegando que los asuntos que se le imputaban afectan a cuestiones sobre las que están pendientes de recursos judiciales, bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o ante el propio Tribunal Supremo. No obstante, estas intenciones fueron rechazadas.
La Fiscal sostiene ante esto que las autorizaciones son ejecutivas y aplicables "desde el primer momento" pese a que estén recurridas, algo que cuestionó el secretario del Consejo de Administración de Sniace.
VERTIDO
El juicio se centra en el vertido realizado el 18 de diciembre de 2006, cuando ya fue revocada la autorización para la primera fase del Plan de Regularización y que coincidió con una parada técnica de la actividad, tal y como se sostiene desde la empresa.
Según describieron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que actuaron ese día, el agua del Saja-Besaya en la zona del vertido presentaba un color negruzco, una textura pegajosa y un fuerte olor.
La defensa, en cambio, cuestiona los métodos para la toma de las muestras, asegurando que incumplen aspectos regulados en las normas UNE como que no se describieran las condiciones meteorológicas ni la duración de la toma, entre otros aspectos.
Los agentes señalaron que responden a las instrucciones dadas en los cursos de formación y a las normas establecidas por el Instituto de Toxicología.
La defensa también incidió en que existen otras empresas en la zona que hacen vertidos al río, del mismo modo que los Ayuntamientos cercanos, en esas fechas.
La responsable de Medio Ambiente, Victoria Peón, precisó que las muestras se tomaron en un lugar "remansado" del río, y que el resultado sería más "real" si se hubiera hecho en otra zona del cauce, más alejado de la orilla y con mayor movimiento de aguas.
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
La defensa reclama la libre absolución, mientras que el Ministerio Fiscal reclama cinco años de prisión para el secretario del Consejo de Sniace y una multa de 9.360 euros, de la que tendría responsabilidad subsidiaria la empresa.
Sin embargo, la Fiscal avanzó, ante las quejas de las defensas, que pedirá la intervención administrativa de la empresa durante un período de cinco años.
Detalló que a pesar de que esa parte esgrime la AAI concedida por el Gobierno como aval del cumplimiento de la empresa de las normas medioambientales, en realidad no se está cumpliendo con lo establecido en esa Autorización Ambiental Integrada.
Así, explicó que se regulaba el vertido a la ría, "nunca al río", a través de un colector ubicado en Puente San Miguel que aún no ha sido construido, por lo que "a día hoy, no cuenta con autorización para verter al río Besaya".
El secretario del Consejo precisó que esto se debe a que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y la Confederación Hidrográfica del Norte "no se ponen de acuerdo" en lo relacionado con el colector.
La representación de la empresa defendió la actitud "heroica" de Sniace ante la contaminación, con las inversiones realizadas en los últimos años para eliminarla, por un valor superior a los 70 millones de euros.
