Los vendedores de una casa de Argoños con sentencia de derribo dicen que comunicaron "el problema" a la inmobiliaria

La pareja acusada de un delito de estafa por presuntamente haber ocultado que una casa que vendieron de la Urbanización Pueblo del Mar I de Argoños tenía una sentencia firme de demolición -que no se ha ejecutado todavía- del Tribunal Supremo, declaró hoy que le comunicaron este "problema" a la agente inmobiliaria que efectuó la compraventa, por lo que pensaban que los compradores, -un pescador de Santoña y su mujer- estaban al corriente.

Así lo sostuvieron hoy los acusados, Jon M.C. y Marian L.FO., de Algorta (Vizcaya), para quienes la Fiscalía solicita penas de 2 años y medio de cárcel, respectivamente, porque, a su juicio, ocultaron "maliciosamente" a los compradores que la Urbanización Pueblo del Mar I tenía una sentencia de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desde el año 2000 y que el fallo era firme desde el 9 de mayo de 2003, mientras que la compraventa del piso se realizó el 23 de julio del año 2003, dos meses y medio más tarde.

El Tribunal Supremo confirmó la anulación del estudio de detalle que prestaba cobertura a la licencia impugnada, por haberse extendido a terrenos de los Ayuntamientos de Noja y Arnuero, entre otras ilegalidades, ordenando el derribo de 78 viviendas.

El matrimonio afirmó ante la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria que pusieron el piso en venta en la Semana Santa de 2003 a tres inmobiliarias, y que nunca les informaron directamente a los vendedores de la ilegalidad de las licencias de las casas pero sí a las agencias inmobiliarias.

Concretamente, Jon M.C. aseguró que se enteró en el año 2000 por la prensa de la sentencia del TSJC, pero que no así de la del Supremo. A este respecto, el administrador de la finca testificó que se envió en 2003, antes de producirse la venta, una carta a todos los propietarios afectados con un extracto del fallo judicial.

"Dábamos por hecho que lo sabían", afirmó Marian L.FO., funcionaria, quien aseguró que no vieron a los compradores hasta el acto de compraventa, ya que el contrato de arras se hizo vía fax.

La propietaria de la agencia 'Costa Bella', inmobiliaria que gsetionó la operación, afirmó desconocer las sentencia de derribo, pero que anteriormente otros compradores se habían echado para atrás por "un problema de espacio".

UNOS PRIMEROS INTERESADOS EN LA CASA SE ECHARON ATRÁS POR ARCA

En este sentido, un familiar de los primeros interesados en adquirir la vivienda y abogado de profesión indicó que se enteró "por ARCA" de los pronunciamientos judiciales, por lo que desaconsejó a sus parientes que compraran la casa de Argoños.

Afirmó estar "segurísimo" de que en una reunión celebrada "delante de la intermediaria de la agencia" se procedió a la anulación del contrato de arras, explicándose cuáles eran los verdaderos motivos, y no una cuestión de espacio, accediendo los vendedores a devolver los 3.000 euros adelantados a la pareja cuando hubiera otra "dispuesta a comprarla".

Por su parte, el pescador santoñés supuestamente estafado explicó que en la agencia no le comunicaron "absolutamente nada" sobre las ilegalidades de Pueblo del Mar I y que se enteró de las órdenes de derribos judiciales "tres meses después" en "una junta vecinal".

Los acusados dijeron en su defensa que desde el Ayuntamiento de Argoños se les decía que se estaban buscando vías para legalizar las viviendas. Efectivamente, el secretario municipal testificó hoy que a los propietarios e interesados que acudían al Consistorio a preocuparse por la urbanización se les hablaba "de las sentencias", pero que, al mismo tiempo, "se estaba buscando la forma de salvar el máximo número de viviendas".

La fiscal elevó a definitiva su petición de dos años y medio de cárcel, así como la anulación del contrato de compraventa, más 57.000 euros y la devolución de los gastos ocasionados por la adquisición de la casa.

Por su parte la acusación particular solicitó las mismas penas de cárcel y la nulidad del contrato, fijando en 214.600 el precio que tendría actualmente la vivienda, más los gastos de tramitación de escritura e inscripción en el registro, de la tasación, de la inmobiliaria, seguros de la vivienda y cuotas de comunidad.

Por último, la Defensa pide la libre absolución de sus acusados al considerar que no hay delito, quedando el caso listo para sentencia.